viernes. 14.06.2024

La Xunta publicará un barómetro anual de modo obligatorio sobre la calidad de los servicios públicos, de modo que tendrá que realizar estudios del grado de satisfacción de los servicios prestados, analizar las demandas de los ciudadanos e impulsar las mejoras necesarias.

 

Se trata de uno de los puntos contenidos en la Ley de Calidad del Servicio Público que la Xunta ha aprobado hoy, y remitirá al Parlamento, con la que pretende fijar unos estándares mínimos de calidad y establecer el camino para que los ciudadanos sean resarcidos en caso de que no se cumplan estos parámetros.

 

Según ha avanzado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la conferencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, estos estándares de calidad deberán ser los mismos en todos los servicios, tanto los que presta la Administración de modo directo como a través de concesiones. La ley también prevé establecer una carta gallega de servicios públicos, que serán como el estatuto de la persona usuaria y en la que vendrán recogidos sus derechos. De este modo, los ciudadanos tendrán derecho a ser resarcidos por responsabilidad patrimonial en caso de que no se cumplan los requisitos de calidad fijados.

 

El presidente gallego ha destacado que será la primera vez que las empresas concesionarias -de infraestructuras, mantenimiento, o cualquier otro servicio- no se podrán parapetar detrás de la Administración, sino que deberán ser ellas las que afronten las responsabilidades patrimoniales que se puedan producir en el uso de los servicios que prestan, ya que antes le correspondía a la Xunta.

 

Además, con esta normativa la Xunta hará un proceso de evaluación continua, ya que establece la normativa de elaborar un plan general de mejora de la calidad. Esta ley afectará a todos los servicios públicos, gestionados directa o indirectamente por la Administración bien a través de la carta de servicios bien a través de los pliegos en los concursos de las concesiones.

 

Además, la Xunta podrá incluir en estos pliegos el pago por objetivos y no retribuir de un modo constante un servicio con independencia de la calidad con la que se preste, lo que incluirá, además, la posibilidad de penalizar económicamente a las empresas que no cumplan. Núñez Feijóo ha dicho que esta ley responde a un compromiso con el que el PP ganó las elecciones en octubre de 2012 y que también refrendó durante su intervención en el debate de investidura.

 

El Consello de la Xunta ha dado el visto bueno, además, al proyecto de decreto que creará el Registro Gallego de Instrucciones Previas, uno de los "cuatro aspectos centrales" de la ley de garantías sanitarias. Según ha indicado el titular de la Xunta, hasta ahora comunicar las últimas voluntades sanitarias solo se podía hacer ante notario mientras que ahora se podrá hacer tanto en el registro central como en las unidades que se habilitarán en las siete áreas de gestión sanitaria de Galicia. De este modo se evitarán "problemas de tramitación" puesto que en muchos casos "no se cumplían todos los requisitos" y el papel firmado ante el notario no bastaba.

 

Núñez Feijóo ha comprometido para antes de final de año los decretos que regularán el derecho a la libre elección de pediatra o médico de familia, la libre elección de centro hospitalario y el derecho a una segunda opinión médica. Y para el primer trimestre del próximo año quedará el decreto "que blinde los tiempos de espera". "Esta ley no es más que una ley de seguro de lista de espera y de libre elección de toda la infraestructura sanitaria", ha resumido Núñez Feijóo.

 

La Xunta publicará un barómetro con la satisfacción de los servicios públicos