Las personas que se vean afectadas por la ocupación ilegal de una vivienda de su propiedad dispondrán a partir del próximo lunes, 7 de diciembre, de un servicio telefónico gratuito de asesoramiento especializado.
El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el Consello da Avogacía Galega (CAG) formalizaron esta mañana un acuerdo de colaboración para garantizar durante un año asesoramiento en el ámbito de la ocupación ilegal, que fue rubricado por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y el presidente del Consello de letrados de la comunidad autónoma, Ramón Jáudenes. La Xunta compromete una partida de 27.000 euros para sufragar los costes del servicio y el CAG aportará los profesionales necesarios para atender por turnos las consultas que se reciban, tanto por teléfono como vía online.
El servicio de asesoramiento y orientación será prestado por profesionales especializados y comprenderá todos aquellos aspectos referidos a trámites de carácter administrativo o judicial que guarden relación con los derechos y obligaciones de los afectados. La atención telefónica se prestará a través del número 900 121 221 y ya estará operativa a partir del 7 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
El acuerdo suscrito incluye también un servicio de atención en línea por parte del CAG, de forma que los interesados podrán enviar sus consultas cubriendo un formulario web, que será contestado vía correo electrónico por el letrado de guardia en un plazo máximo de 48 horas. Además, el Consello da Avogacía Galega se encargará de elaborar una guía informativa -actualmente ya en redacción- en la que se incluyan todos los trámites de carácter administrativo y judicial relacionados con los derechos y obligaciones de los propietarios o usufructuarios de viviendas ocupadas ilegalmente.
El CAG también se compromete en el convenio a preparar un informe de carácter trimestral para el IGVS en el que constarán todas las consultas atendidas durante ese período, con especificación de la localidad, la calle y el número de viviendas ocupadas en cada caso. El convenio hoy firmado se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas en los últimos meses por la Consellería para tratar de ofrecer una respuesta adecuada al fenómeno de la ocupación de viviendas, de gran impacto social.
En palabras de la conselleira, una vivienda es ocupada en Galicia cada día y medio. Este departamento autonómico trabaja en la elaboración de un mapa gallego de viviendas ocupadas con el apoyo de los agentes de la propiedad inmobiliaria y de los administradores de fincas, además de ultimar una propuesta de reforma legislativa avalada por expertos penalistas y de la Universidad de Santiago, "la cual será presentada en breve con el fin de trasladarla al Estado a continuación e instarlo a que, como Administración competente en la materia, garantice un nuevo marco jurídico eficaz, definido y duradero frente a las ocupaciones de viviendas", informa la Consellería.
