miércoles. 07.12.2022

La ley para estabilizar más de 10.000 empleos públicos pasa la primera votación

El proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que supondrá la convocatoria por concurso de méritos u oposición de 10.338 plazas antes de final de año, ha pasado este martes su primera votación en el pleno del Parlamento.
 
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El proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que supondrá la convocatoria por concurso de méritos u oposición de 10.338 plazas antes de final de año, ha pasado este martes su primera votación en el pleno del Parlamento.

Ha sido tras quedar rechazada, con los votos en contra del PPdeG y la abstención del PSdeG, la enmienda a la totalidad presentada por el BNG, que pedía la devolución de la ley al Gobierno para "reformular objetivos y contenidos", además de proceder a un mayor diálogo con las organizaciones sindicales.

Sin embargo, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha asegurado que se trata de un texto "ampliamente consensuado" con los sindicatos y, de hecho, contó con el voto a favor de tres de las cuatro organizaciones que forman parte de la Comisión de Personal: CCOO, UGT y CSIF.

La normativa, que se tramitará de urgencia, se enmarca en la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público del Gobierno central para reducir la tasa de temporalidad por debajo de un 8 %.

Precisamente para alcanzar "una efectiva reducción de la temporalidad", ha dicho el conselleiro, se establece que una misma persona aspirante no podrá ser propuesta para personal funcionario de carrera o personal laboral fijo en más de una escala o categoría profesional y, una vez seleccionada, permanecer en su puesto "un mínimo de dos años desde la toma de posesión".

Del total de 10.338 plazas que se convocarán este año, y se resolverán el año que viene, 8.703 serán por concurso de méritos y otras 1.635 por concurso oposición.

En este último caso, la oposición representará el 60 % de la puntuación total y los ejercicios de esta fase serán eliminatorios, mientras que en el resto -algo que se está "mejorando" en función de las últimas negociaciones con los representantes de los trabajadores- hasta un 30 % será valoración de la experiencia y el 10 % por formación.

En los procesos selectivos por concurso de méritos también se podrán hacer pruebas "puntuales", ha especificado Corgos, si se consideran que es preciso para determinar cuestiones como la actitud física, por ejemplo.

Con este proyecto de ley, la Xunta busca "una mayor adecuación" a las funciones y tareas concretas a desarrollar por los aspirantes, por lo que en las convocatorias se otorgará una valoración superior a los servicios prestados en la propia administración autonómica, en ese grupo, escala o categoría profesional de cada convocatoria.

Además, todos los procesos selectivos, tanto los de concurso como de oposición, incluirán una prueba previa de conocimiento de la lengua gallega para los aspirantes que no acrediten el nivel establecido en las bases.

Estas son algunas de las cuestiones explicadas por Corgos, quien ha argumentado que esta ley es "urgente y necesaria" para dotar de seguridad jurídica a los procesos de selección que deben desarrollarse en cumplimiento de la ley estatal.

Para la diputada del BNG Iria Carreira la normativa llega tarde para cumplir con los plazos de convocar estos procesos antes de final de año y muestra una "total y absoluta falta de previsión" por parte de la Xunta que tiene la Administración pública en un "grave problema de fraude de ley por abuso de temporalidad" desde que gobierna el PPdeG.

Así, mientras que en 2009 había un 16,57 % de trabajadores temporales en el sector público gallego, las cifras del último año se han elevado al 29,83 %, ha asegurado.

También el diputado del PSdeG Gonzalo Caballero ha asegurado que el PPdeG ha "disparado la temporalidad" y ahora trae esta normativa, a la que les obliga la legislación estatal, con retraso y "legislan mal y a destiempo" porque el Gobierno autonómico es "el de la zancadilla y remolque" del Gobierno central.

Por su parte, el diputado del PPdeG Alberto Pazos ha asegurado que se trata de una ley "útil y garantista" y ha lamentado que "no entiende" la enmienda a la totalidad presentada por el BNG que resulta "poco oportuna" a no ser que su objetivo sea "retrasar" la convocatoria de los procesos selectivos. 

La ley para estabilizar más de 10.000 empleos públicos pasa la primera votación
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