jueves. 28.03.2024

El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que sistematiza la dispersa normativa en la materia. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la norma persigue un doble objetivo: dotar a los ciudadanos de instrumentos eficaces y sencillos que les den seguridad jurídica y liberar a los jueces de determinadas tareas, lo que contribuirá a descongestionar la Administración de Justicia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha explicado que la labor de los jueces es "ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado", si bien se les están encargando muchas otras tareas en las que actúan exclusivamente como fedatarios públicos. Estas tareas pasarán a ser asumidas por otros funcionarios públicos como los secretarios judiciales, los notarios o los registradores. "Nada sale del ámbito de lo público. Lo que ocurre es que redistribuimos esas tareas precisamente para intentar buscar cuál es el operador jurídico más adecuado para poder realizar cada una de las distintas funciones", ha dicho. Ruiz Gallardón ha subrayado que con este norma se agilizará la tramitación de los 50.000 expedientes de jurisdicción voluntaria que existen en la actualidad.

El ministro ha detallado que todas las materias que tienen como objetivo garantizar los derechos fundamentales estarán reservadas al juez, así como las que afecten a los derechos de los menores y de la familia. Se potencia la figura del secretario judicial, que asumirá, entre otros, los expedientes en materia mercantil. Asimismo, ha resaltado que "se aprovecha el potencial de la preparación y la experiencia de los notarios", a los que se les encomienda numerosos expedientes de carácter sucesorio y de subastas voluntarias. Los registradores asumen nuevas funciones sobre todo en materia mercantil y de sociedades, como la convocatoria de la junta general de sociedades o el nombramiento de auditores para el examen de cuentas.

El Ministerio Fiscal intervendrá cuando en el procedimiento haya menores y personas con capacidad judicialmente complementada. El titular de Justicia también ha indicado que se reducen hasta 17 los expedientes que hasta ahora tenían que ser tramitados por los ciudadanos con abogado y procurador: "Ya no será necesaria su intervención, con lo que se reduce la carga económica para los ciudadanos". Además, durante su intervención, el ministro ha anunciado que se ampliará hasta 100 plazas la convocatoria de oposiciones para jueces y tribunales al próximo año.

Los notarios podrán casar y divorciar

Alberto Ruiz Gallardón ha confirmado que se eleva la edad mínima para contraer matrimonio desde los 14 hasta los 16 años: "Es una propuesta en defensa de las menores y establece un criterio homogéneo con el que rige en la inmensa mayoría de las legislaciones de la Unión Europea". Otra novedad es la posibilidad de que los notarios celebren matrimonios. "Creemos que esto va a contribuir de una forma muy importante a agilizar las listas de espera, ciertamente altas, que ahora existen en el Registro Civil y creemos que, como fedatario público, el notario cumple exactamente las mismas funciones que hacía el encargado del Registro o el concejal por delegación del propio alcalde", ha dicho.

Ruiz Gallardón ha añadido que en los casos en los que no existan menores ni personas con capacidad judicial complementada y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, el divorcio podrá ser tramitado ante notario. Asimismo, el ministro ha aclarado que las personas que podían acogerse al beneficio de justicia gratuita seguirán teniendo este derecho ante los operadores jurídicos -secretarios, notarios o registradores- que sustituyan al juez. Al margen de la justicia gratuita, Ruiz Gallardón ha puntualizado que si el ciudadano celebra una boda ante el encargado del Registro Civil el servicio seguirá siendo gratuito; si lo hace ante el Ayuntamiento el precio estará fijado por el mismo y si lo hace ante el notario costará 95 euros.

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