viernes. 29.03.2024

Los grupos parlamentarios de la oposición, Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Partido Socialista de Galicia (PSdeG), han mostrado hoy en comisión parlamentaria su desacuerdo con el Proyecto de ley de justicia gratuita aprobado por el Gobierno central.


A través de una proposición no de ley que ha sido rechazada por la mayoría popular, la diputada de AGE, Yolanda Díaz, manifestó su desacuerdo con esta iniciativa legislativa con la que "el Gobierno central invade competencias del Gobierno autonómico" y que supone "un auténtico recorte" a un servicio público, porque - asegura - el Gobierno sigue con sus políticas de "todo para los bancos y nada para la ciudadanía".


Para Díaz esta propuesta puede comportar "una mayor asfixia económica para las Comunidades Autónomas y los profesionales" que prestan el servicio de justicia gratuita.


Para la diputada de AGE "esta política de Gallardón tiene ánimo recaudatorio y pretende excluir a un amplio número de usuarios" del sistema judicial por falta de recursos económicos, un hecho que ha llevado a cinco comunidades autónomas a poner un "recurso de anticonstitucionalidad" frente a esta medida que para el Consejo de la Abogacía Estatal "vulnera la legalidad vigente y atenta fuertemente contra la tutela estatal efectiva".


Para Díaz Pérez este proyecto de ley "impide que la ciudadanía solicite sus derechos y beneficia a quien tiene medios para defenderse de sobra" ya que se trata de una iniciativa que "agrede el estado de derecho".


Por otra parte, la diputada del BNG, Tereixa Paz Franco, recalcó que esta ley "invade las competencias en justicia de la Xunta de Galicia, una práctica cada vez más insistente por parte del Gobierno del Estado" y que, dado que se trata de un servicio que "sale del erario público de las Comunidades", estas deberían tener algo que decir al respecto, aseguró.


Para el BNG, con esta medida "no se garantiza la perdurabilidad" del sistema de justicia gratuita.


Paz Franco ha señalado "el llamativo elenco de organizaciones, colectivos y empresas para los que se establece el derecho de justicia gratuita con independencia de su situación económica" mientras que "se bajan los umbrales para que los ciudadanos comunes lleguen a este tipo de justicia".


Por su parte, los socialistas gallegos a través de su diputado, Vicente Docasar, han manifestado su oposición a la idea de "suprimir los partidos judiciales y crear un único organismo provincial" quedando los pueblos del rural "ampliamente discriminados".


Para Docasar, la de Gallardón es una "visión elitista de la justicia", una ley que consideran "un auténtico despropósito" y que, según el diputado socialista, creará "una justicia para ricos que puedan pagar y otra para pobres que no podrán ganar".


La diputada del grupo popular, Paula Prado del Río, ha asegurado que se fue "incrementando año tras años la partida -destinada a justicia gratuita- hasta los 10 millones de euros", algo que asegura, no sucede en otras comunidades autónomas y que demuestra su "sensibilidad y compromiso con la justicia gratuita".


Prado del Río pidió a los diputados de la oposición "rigor en la lectura de la ley" y calificó de "comunista" el discurso de Díaz, a quién recordó que también existe fraude en la solicitud del servicio de justicia gratuita.

Los populares rechazan la proposición de AGE sobre la justicia gratuita