domingo 28/11/21

Más de 3.000 gallegos piden al Gobierno que asuma las ilegalidades de la AP-9

La asociación de consumidores En-Colectivo, ha enviado este martes al Gobierno de España un total de 3.258 firmas de gallegos que piden que el Gobierno “asuma las ilegalidades cometidas” en relación con las prórrogas de la concesión de la AP-9 gallega.

autopista peaje

La asociación de consumidores En-Colectivo, ha enviado este martes al Gobierno de España un total de 3.258 firmas de gallegos que piden que el Gobierno “asuma las ilegalidades cometidas” en relación con las prórrogas de la concesión de la AP-9 gallega.

Esta asociación ya denunció ante la Comisión Europea el pasado mes de septiembre esta situación, que culminó con la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la UE en las prórrogas de la concesión.

“Hemos presentado las firmas a través del portal de transparencia al Ministerio de Transportes. La respuesta ciudadana ha sido baja, y me parece un poco triste que siendo un tema que tanto afecta a los gallegos, como es esta autopista, no haya una respuesta mayor. Me cuesta entenderlo, pero es lo que hay. Podríamos tener cien y tenemos más de 3.250 firmas, así que vamos a seguir”, ha dicho a Efe el abogado y presidente de En-Colectivo, Diego Maraña.

Con esta recogida de firmas En-Colectivo buscó el apoyo de la sociedad para conseguir que el Estado deje de “aislar a Galicia” y que los costes de los errores que se produjeron en las prórrogas de la concesión de la AP-9 no tengan que ser asumidos y sufragados por los gallegos que, según la asociación, llevan pagando unos peajes que no le corresponden desde 2013 y que, si no se anula la segunda prórroga de la concesión, seguirán pagando hasta el 2048.

Hoy, 23 de noviembre, se cumplen dos meses desde que se publicó en el boletín oficial de la Comisión Europea la carta en la que emplazó al Gobierno de España a la correcta aplicación de las normas de la UE sobre contratación pública y contratos de concesión, que España infringió “de forma flagrante”, según En-Colectivo, al conceder dos prórrogas para la explotación de la AP-9 a Audasa hasta 2021 y hasta 2048, respectivamente.

En realidad, En-Colectivo desconoce qué día llegó a Moncloa esa carta, fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo de dos meses, como tampoco sabe si el Gobierno de España tiene previsto asumir el punto de vista de la Comisión Europea, si ha presentado alegaciones o si ha pedido una prórroga de una mes para presentarlas, a lo que tiene derecho, porque no ha dado respuesta a las solicitudes de información que la asociación de consumidores le ha requerido.

Lo que En-Colectivo y los gallegos que han firmado esperan es que el Estado contestase a la Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea reconociendo que se ha producido un incumplimiento del Derecho Europeo y que revoque dichas prórrogas, que es exactamente lo que temen que no ocurrirá.

Si tienen razón, el Gobierno de España pudo haber pedido un mes de prórroga o pudo haber presentado alegaciones, tras las cuales la Comisión Europea dispone de un plazo de dos meses para emitir un dictamen vinculante donde establecerá si sigue la línea de actuación actual o si en función de alegaciones del Gobierno dicta una resolución de dictamen motivado distinto.

En todo caso, si es cierto que el Gobierno alega, nada se sabrá hasta después de Navidades, dilaciones con las que ya cuenta Maraña, que habla de “una carrera de fondo”.

Esperaban contar en En-Colectivo con un posicionamiento de apoyo claro de algún partido político, pero, más allá de la Xunta de Galicia, con la que mantuvieron una reunión donde el Gobierno de Feijóo no aclaró su postura, según Maraña, ninguno de ellos ha respondido a su invitación, tampoco la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que esperaban haber mantenido un encuentro para explicar su postura. 

Más de 3.000 gallegos piden al Gobierno que asuma las ilegalidades de la AP-9
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