miércoles 27/10/21

Pontón contaba con la suspensión de la "chapuza jurídica" de la ley de salud

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, contaba con que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendiese la parte de la Ley de Salud de Galicia que establece medidas de control de las personas enfermas de covid-19 al ver una "chapuza jurídica" en ello.

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, contaba con que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendiese la parte de la Ley de Salud de Galicia que establece medidas de control de las personas enfermas de covid-19 al ver una "chapuza jurídica" en ello.

El camino "no es restringir derechos y libertades", ni "aumentar las multas", ha señalado la dirigente nacionalista en una entrevista este miércoles en TVG, al referirse, entre otras cuestiones, a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse.

Pontón ha indicado que nota una "falta de aprendizaje" en esta pandemia y una gestión "deficiente" cuando la hoja de ruta, a su entender, pasa claramente por "reforzar la sanidad pública" y no por otras cuestiones que generan este tipo de debates.

La decisión acordada por el tribunal de garantías supone la suspensión cautelar de la norma a la espera de que los magistrados entren a resolver el fondo del asunto en un plazo máximo de cinco meses. El ponente será el conservador Andrés Ollero.

El Gobierno decidió recurrir esta norma ante el Constitucional en el Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo porque, a su juicio, estas previsiones contempladas en el artículo 5 de la ley de salud de Galicia, y que restringen derechos fundamentales, solo se pueden regular mediante una ley orgánica, que como tal debe ser dictada por el legislador estatal, no autonómico.

Después de que el Gobierno anunciase esta decisión, Feijóo reprochó al Ejecutivo central que "tras un año haciendo oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia", ahora no "deja actuar" a las comunidades autónomas y recurre la norma impulsada por la Xunta y el PP gallego.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico "lamenta y no comparte" esta decisión del Gobierno central sin que se lleve a cabo una negociación previa en el marco de la comisión bilateral. 

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