El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha manifestado este lunes el rechazo de su partido al pago de peajes por las autovías de la red estatal planteado por el Gobierno al considerar que es una medida "regresiva" y "discriminatoria" para Galicia.
En una rueda de prensa tras la reunión semanal del grupo parlamentario, se ha pronunciado de esta manera a raíz de una iniciativa que el BNG lleva mañana a debate en el pleno del Parlamento en contra de este posible pago para circular por las autovías.
Puy ha afirmado que cualquier cobro vinculado al coste por kilómetro para usar estas infraestructuras "no es correcto" y su partido va a "estar en contra", aparte de destacar que esta medida tendría un mayor perjuicio para Galicia, como comunidad periférica, y va a "influir negativamente" no solo en el bolsillo de los ciudadanos, sino en la economía, el turismo y el comercio.
Este cobro por el uso de las autovías le parece aún más rechazable dado el "aplazamiento" en la rebaja de los peajes de la AP-9 comprometido en los presupuestos estatales y cuando aún esta pendiente el traspaso de la titularidad de esta autopista, pese a que la iniciativa fue aprobada en el Congreso "por amplía mayoría".
Así, ha criticado que la tramitación lleva "más de doce prórrogas" por parte de la Mesa del Congreso que ha atribuido a los partidos que apoyan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.
Por otra parte, ha defendido el proceso de desescalada de la pandemia puesto en marcha por la Xunta frente a las propuestas de la oposición, ya que cree que siempre se ha actuado con "enorme responsabilidad" y siguiendo las recomendaciones del comité clínico.
Ha considerado que Galicia va "por el buen camino" y ha instado a "dejar trabajar al comité" y seguir teniendo "precaución".
Puy ha recordado que en el pleno de mañana se debatirán sendas iniciativas de su partido para impulsar los estudios sobre la energía eólica marina y para reclamar que se "resuelva lo antes posible" el pago del Estado a Galicia por la mensualidad del IVA pendiente de 2017, que la Xunta calcula en unos 204 millones de euros.
Además, el PPdeG ha registrado en el Parlamento una iniciativa para que la normativa gallega contra la violencia de género incluya también la ejercida a través de las nuevas tecnologías, tanto de teléfonos móviles, como en las redes sociales o por canales telemáticos.
