La modificación incluida en el anteproyecto presentado en diciembre pasado por el Gobierno central sobre la legislación del aborto constituye un "grave factor de riesgo para la vida de la mujer", advirtió hoy el Colegio Oficial de Psicología de Galicia que reclama la retirada del texto. En un comunicado, el citado organismo profesional subraya que esa iniciativa legislativa representa "una conculcación de los derechos individuales" de las mujeres, por lo que expresa su "completa oposición" al texto y pide "mantener la vigencia de la actual ley de plazos de 2010".
El Colegio de psicólogos gallego destaca que el anteproyecto destinado a modificar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo "implica un terrible retroceso en la igualdad y en la libertad de las mujeres", además de "ir en contra de las recomendaciones sanitarias internacionales en esta materia".
Señala que la Organización Mundial da Salud indicó en 2012 que la eliminación a las restricciones sobre el aborto repercutía en la reducción de la mortalidad materna causada por las prácticas abortivas inseguras y, por ello, conlleva una disminución del nivel de mortalidad materna. Apunta, además, entre las "graves consecuencias" para la mujer del cambio legislativo propuesto por el Gobierno, la "pérdida del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su vida", que en adelante "pasa a estar en manos de los profesionales de la salud mental".
Añade que la propuesta legislativa "contempla a la mujer como un ser inmaduro que no tiene capacidad para decidir pero tampoco para ser responsables del aborto si es considerado ilegal". Y señala que con la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo adoptada en 1985, un 96,77 % de las mujeres que abortaron se acogieron al supuesto riesgo psíquico para la madre, y con la adoptada en 2010 nueve de cada diez argumentaron "decisión propia" y "apenas 7,3 % lo hizo por riesgo para la salud".
El Colegio de psicólogos cree "previsible" que en caso de adoptarse la nueva legislación los supuestos de "enfermedad mental" repuntarán como causa en la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo". Sin embargo, advierte de que "en caso de alegar un daño psíquico, la mujer cargará con el estigma de ser definida como una enferma mental duradera en el tiempo o incluso permanente, lo que puede tener consecuencias en otros aspectos de la vida, como por ejemplo, en conflictos por la custodia de los hijos o en circunstancias legales en que pueda verse incapacitada".
El Colegio considera que la propuesta "deja una vez más a la mujer como una persona incapacitada" y pone a los profesionales ante un "dilema ético: señalar un problema mental que no existe para no abandonar a la mujer y que pueda abortar". "Los profesionales de la salud mental no queremos ser jueces ni tutores de las mujeres", indica el Colegio, y apostilla: "no debemos ejercer nuestra moral ni decidir sobre los derechos de las personas".
