La batalla feroz desatada en el PSOE en los últimos días ha concluido con la derrota de Pedro Sánchez, que ha presentado su dimisión dejando al partido hecho trizas y en manos de una gestora, dirigida por el presidente asturiano, Javier Fernández, que deberá decidir si facilita o no la abstención de Mariano Rajoy. Sánchez no tuvo más remedio que tirar la toalla y arrastrar a su ejecutiva en funciones después de que el Comité Federal, en una convulsa reunión, rechazara, por 132 votos en contra, frente a 107, su propuesta de celebrar primarias en octubre y el congreso en noviembre.
Pocos minutos después del triunfo de los críticos, Sánchez anunciaba su decisión ante el máximo órgano, mostrando su "orgullo" por pertenecer al PSOE y apelando a la unidad ante el cisma en el que queda. "Para mí es un orgullo ser militante del PSOE y, en consecuencia, la comisión gestora contará con mi apoyo leal, con el apoyo que siempre he pedido y que, afortunadamente, he tenido en muchísimas ocasiones de mi organización en estos dos años tan intensos de la vida política española", han afirmado Sánchez en una declaración en la sala de prensa de Ferraz. En su despedida, Sánchez no ha aclarado si renunciará a su escaño en el Congreso y si optará a las próximas primarias para intentar recuperar las riendas del PSOE.
La gestora que releva a la Ejecutiva saliente la va a dirigir Javier Fernández, una de las personas más respetadas en el partido por su trayectoria institucional y en el partido. El cometido de la junta a corto plazo será decidir si el PSOE se abstiene ante Rajoy, como Sánchez les reprochó que harían cuando se desató la rebelión con la dimisión de la mitad de la Ejecutiva el pasado miércoles. La otra tarea será conducir al partido a un congreso extraordinario para elegir a la nueva dirección y ratificar al secretario general que sea elegido antes en primarias entre la militancia. Al contrario de lo que quería Sánchez, la asamblea federal se celebrará una vez que se forme gobierno con el fin de atender primero a los problemas del país, antes de los del partido, como han hecho hincapié los críticos en los últimos días.
Es la tercera ocasión en toda la democracia en la que el PSOE queda en manos de una gestora, tras la de 2000, cuando dimitió Joaquín Almunia, y la de 1979, en pleno debate sobre si se retiraba del ideario el término "marxista". Sin embargo, la situación en la que queda ahora el PSOE es más delicada después del choque de trenes de los últimos días, que ha sumido al partido en un profunda ruptura. El Comité Federal del PSOE más decisivo que se recuerda se ha desarrollado en un clima de máxima expectación y tensión en la calle, donde los gritos, insultos y proclamas exaltadas se han sucedido durante todo el día. Desde primera hora, varias decenas de militantes se han concentrado ante la sede, donde han recibido a los críticos, como Eduardo Madina o el presidente aragonés, Javier Lambán, tildándoles de "golpistas" y "traidores".
Dentro del edificio se intentaba, entretanto, negociar cada cuestión formal, pero la falta de acuerdo entre las partes y los continuos recesos no solo impedían el debate, sino también dirimir qué se votaba, cómo se votaba y quién podía votar, mientras que partidarios de Sánchez y miembros del sector crítico se acusaban mutuamente de no querer medirse en una votación. Convocado para las 9.00 de la mañana, el comité no constituyó hasta cuatro horas después, las que tardaron 'pedristas' y 'susanistas' en ponerse de acuerdo sobre quiénes integrarían la mesa que dirigiría el cónclave.
La Mesa finalmente la integraron los miembros habituales: la andaluza Verónica Pérez como presidenta, el vasco Rodolfo Ares como vicepresidente y la catalana Nuria Marín como secretaria, los dos últimos afines a Sánchez. Pocos minutos después de constituirse formalmente, con 253 miembros, comenzó el primero de una larga serie de recesos, en los que se trataba de dirimir si los miembros de la ejecutiva en funciones (los 18 que no dimitieron el pasado miércoles) podían votar. Los críticos consideraban que no podían hacerlo, ya que daban por disuelta la ejecutiva desde las dimisiones del miércoles, lo que mantuvo bloqueada la situación hasta que la presidenta andaluza, Susana Díaz, propuso votar si se creaba una gestora.
Entre las ofertas y contraofertas que se sucedían, la de Sánchez fue que los 17 dimitidos regresasen a la ejecutiva, dar por acabado el comité y convocar otro la próxima semana, algo que los críticos rechazaron, al tiempo que las peticiones de palabra llegaban a 150. Sin embargo, solo un puñado lograron intervenir, el primero de ellos Lambán y el ex ministro Josep Borrell, que ha defendido en los últimos días en varias entrevistas la legitimidad de Sánchez como secretario general. La confrontación vivida entre los dirigentes socialistas la han escenificado la joven Verónica Pérez y el veterano Rodolfo Ares, que se ha dirigido a ella con dureza en varias ocasiones, según algunos de los presentes.
Tras seis horas de discusión, el sector crítico estallaba a última hora de la tarde tras la decisión "unilateral" de los afines a Sánchez -a través de su mayoría en la mesa-, de votar de forma secreta y comenzaban a recoger firmas para presentar una moción de censura y desalojarle del cargo.
Una vez que las partes se había puesto de acuerdo con la ejecutiva en funciones en que lo que se sometiera a votación fuera el plan de Pedro Sánchez de celebrar primarias el 23 de octubre y congreso extraordinario a mediados de noviembre, los críticos exigían que la votación fuera nominal, no secreta, por lo que se negaron a participar y la votación tuvo que interrumpirse. Al filo de las ocho, Sánchez aceptó que la votación fuera nominal. Para entonces, algunos miembros del comité, entre ellos, el representante de Izquierda Socialista Juan Antonio Pérez Tapias, habían salido por la puerta de Ferraz dando el partido por roto.
