miércoles. 10.08.2022

Sentencia europea acerca de la AP-9 a la gratuidad, según un grupo de consumidores

La gratuidad de la AP-9 gallega está más cerca gracias a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la asociación de consumidores En-Colectivo, que en 2019 denunció a España ante la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa de la UE por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista.

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La gratuidad de la AP-9 gallega está más cerca gracias a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la asociación de consumidores En-Colectivo, que en 2019 denunció a España ante la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa de la UE por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista.

La sentencia en cuestión es del pasado 12 de mayo, afecta a la contratación pública de la gestión de residuos en Italia y establece que cuando un contrato público del que es titular una sociedad pública se transmite a otro operador económico independiente de la Administración que lo haga, constituye el cambio de una condición fundamental del contrato, lo que requiere la convocatoria de una licitación.

Según En Colectivo, esta sentencia, afecta directamente a la actual concesión de la AP-9 ya que el Gobierno concedió dos prórrogas a esta concesión cuando las acciones de la concesionaria Audasa eran propiedad del Estado.

“La cuestión de esta concesión no es la actividad de la empresa, da igual residuos, medio ambiente, autopistas o aguas, eso no es el fondo”, ha dicho a Efe Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, quien explica que si su asociación ha tardado dos meses en reaccionar a la sentencia es porque ha dedicado mucho tiempo a revisarla minuciosamente y tener la seguridad jurídica de que se trata de una situación análoga a la de la AP-9.

En el caso de la autopista gallega, el Estado estaba gestionando un servicio de su titularidad, pero poco después de conceder la segunda prórroga, que comenzará el próximo año y durará hasta 2048, la Administración estatal vendió las acciones de Audasa a capital privado.

Tal y como explica la asociación, mientras Audasa era una sociedad pública, el Gobierno le concedió dos prórrogas que modificaron sustancialmente las condiciones del contrato, extendiendo significativamente la duración de la concesión.

A continuación, la Administración vendió, por medio de un proceso de licitación, las acciones de Audasa a un operador económico independiente de la Administración titular del servicio.

El Tribunal de Justicia establece que ese cambio de titularidad, de manos públicas a manos privadas, es un cambio de una condición esencial del contrato que requería la convocatoria de una nueva licitación, no para la venta de las acciones de la sociedad, sino una nueva licitación del contrato de concesión, de forma que la estuviese abierta a todo licitador que quisiese concurrir para gestionar la concesión de la AP-9.

La doctrina que se contiene en esta sentencia, impedía que España pudiese vender las acciones de la AP-9, que hasta el año 2003 eran de titularidad estatal, a un operador privado.

Lo que establece esta sentencia es que España debería haber convocado una nueva licitación, lo que, según En Colectivo, agrava todavía más la situación en la que se encuentra la concesión de la AP-9.

La denuncia presentada en 2019 por En-Colectivo contra el Gobierno se basaba en que este había concedido por decreto sendas prórrogas a Audasa para la explotación de la AP-9 hasta los años 2023 y 2048, respectivamente, que incumplían diferentes directivas de la UE.

La asociación solicitó a la Comisión Europea que estudiase la legalidad de dichos decretos para determinar si se adaptan al derecho comunitario y que, en caso de incumplimiento, se instase al Gobierno de España a dar solución a esta situación y lograr finalmente la anulación de las prórrogas y la supresión de los peajes en la AP-9.

En septiembre de 2021, la Comisión envió una carta de emplazamiento al Gobierno por considerar que al prorrogar el contrato de concesión de la AP-9 sin licitación previa España había incumplido la normativa europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

El pasado enero se cumplió el plazo para que el Gobierno Español presentase sus alegaciones y actualmente el tema se encuentra en fase de estudio por parte de la Comisión Europea a los efectos de que pueda emitir un dictamen motivado al que España deberá ajustarse.

En-Colectivo entiende que la Comisión Europea se pronunciará finalmente antes de que concluya el año, mientras asegura que esta sentencia del TJUE es “un notición” que se une a la batería de argumentos que ellos barajan para solicitar la gratuidad de la AP-9, tal y como ha sucedido con otras autopistas de España.

Entre esos argumentos están sendos pronunciamientos de la Comisión Gallega de la Competencia y del Consejo de Estado que apoyan posición de E-Colectivo frente al “silencio del Gobierno”, según Maraña, que incide en la necesidad de que ser deje de tratar a Galicia con un rastro diferente al de otras comunidades autónomas.

rmb/flh

Sentencia europea acerca de la AP-9 a la gratuidad, según un grupo de consumidores
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