Siete asociaciones han registrado en el Parlamento de Galicia un escrito rechazando la posible implantación en esta Comunidad autónoma de los coordinadores parentales, encargados de mediar en conflictos entre parejas separadas con hijos. Se oponen a esta figura la Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, Sindicato Labrego, Asocim, Adavas Baixo Miño, Fuco Buxan, Agamme y el Observatorio da Mariña pola Igualdade.
Sostienen que esta figura, creada por la Fundación Filia y puesta en práctica en Cataluña en un proyecto piloto de seis meses de duración, se apoya en la reducción de gastos procesales y en resolver la "supuesta problemática" del maltrato emocional causado por el "síndrome de alienación parental".
Ese concepto, según las asociaciones firmantes, "tantas veces rechazado" por el Consejo General del Poder Judicial, carece de la "mínima credibilidad" en el ámbito científico internacional. También alegan que el coordinador parental "no entiende a los niños como sujetos que deben ser escuchados y cuya voluntad debe ser tenida en cuenta", y, por tanto, no atiende a lo que manifiestan cuando rechazan el contacto con un progenitor.
Su papel se limita al de "mero vigilante" del cumplimiento de sentencias relativas a los regímenes de visitas y custodia, con potestad para agilizar trámites y proponer medidas. Adicionalmente, las asociaciones firmantes recalcan que esta figura se asienta en "una ideología misógina que niega la realidad de la violencia de género, el maltrato infantil y la violencia sexual".
Por contra, sostienen que sus defensores promueven "la idea de la denuncia falsa como gran problema de los que denominan divorcios conflictivos". Las asociaciones firmantes del escrito remitido al Parlamento de Galicia piden, además de paralizar el debate sobre la implantación de esta figura, destinar esfuerzos económicos y organizativos a mejorar los medios materiales y técnicos para acabar con la violencia de género, los abusos y el maltrato infantil.
Adicionalmente, solicitan un pacto de todos los grupos de la Cámara que "blinde" la posibilidad de entrada a debate de cualquier propuesta que "ponga en duda la imagen e integridad" de las víctimas.
