La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín Pombo, ha reiterado este miércoles que los propietarios de este tipo de inmuebles no necesitan título habilitante municipal alguno para poder operar, a pesar de las recientes sentencias en esta materia.
En una rueda de prensa ofrecida esta mañana en Santiago de Compostela, la responsable de esta organización se ha mostrado muy crítica con la posición adoptada por el gobierno local de esta ciudad y ha insistido en que los pronunciamientos judiciales recientes hacen alusión a casos "muy concretos" de propietarios particulares y no afectan al conjunto del sector.
Según ha explicado, los socios de Aviturga han recibido a lo largo de los últimos tres años diferentes cartas del ayuntamiento en las que se les insta a registrarse para obtener este permiso, que no consideran necesario para poder operar al estar ya inscritos en el registro autonómico de viviendas turísticas de la Xunta, más permisivo y laxo en sus condiciones.
Asimismo, ha denunciado que el gobierno municipal no ha respondido a sus diferentes alegaciones a los expedientes abiertos y ha insistido en que las recientes sentencias, una en Santiago de Compostela y otra en Pontevedra, no cambian la situación existente, sino que habría que ir "caso a caso".
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón el pasado mes de abril al ayuntamiento compostelano en un litigio abierto por esta cuestión y confirmó el cierre de una vivienda de uso turístico en la capital gallega que carecía del mencionado título habilitante expedido por la administración local.
"Ya hace unos cuantos años que tienen una cruzada contra las viviendas de uso turístico, creemos que equivocada", ha declarado Aguín, que ha dicho no entender que desde el consistorio quieran "promocionar o fomentar un monopolio de ciertos grupos de gestión empresarial" para el alojamiento en la ciudad.
Así pues, se ha mostrado crítica con las políticas del gobierno municipal, al que ha acusado de "dejadez de funciones" por tener cerca de diez mil viviendas vacías en la ciudad, que son -en su opinión- las que de verdad perjudican a los habitantes a la hora de buscar un alquiler.
El abogado de Aviturga, Lisardo Núñez Pardo de Vera, también ha tomado la palabra para remarcar que las viviendas inscritas en el registro de la Xunta "pueden funcionar" hasta que se les indique lo contrario, puesto que cuentan con todos los requerimientos legales obligatorios.
De igual forma, ha destacado que ningún otro socio de la asociación en la capital gallega ha recibido "órdenes de cierre por carecer de licencia municipal" y que, en todo caso, tendrán que "analizarlas" y presentar las alegaciones correspondientes si terminan llegando.
Aviturga cuenta en la actualidad con 2.000 plazas de vivienda de uso turístico en Santiago de Compostela repartidas en alrededor de medio millar de inmuebles. Según los datos aportados por la organización, en la capital gallega hay 708 viviendas inscritas como tal en el registro que elabora la Xunta de Galicia.
Fuentes municipales han precisado a Efe tras ser consultadas por este asunto que la sentencia del TSXG confirma su interpretación de que estos alquileres por menos de treinta días son una "actividad económica de uso terciario", razón por la cual necesitan una autorización municipal para poder operar en base a la normativa existente.
Además, señalan que el decreto que rige el registro de la propia Xunta "no exime" a los propietarios "de obtener las autorizaciones, permisos, licencias o informes necesarios que estipule la normativa sectorial o municipal que le sea de aplicación" a cada inmueble.
En el caso de Santiago de Compostela, los criterios son más estrictos que los marcados por el Gobierno gallego, especialmente en lo referente a las viviendas ubicadas en el casco histórico.
De acuerdo con los datos del ejecutivo local, son cerca de novecientas las viviendas en la capital gallega que están registradas pero no cuentan con este título habilitante y que, según la sentencia, no podrían operar.
Por este motivo, han trasladado su intención de abordar con la Xunta de Galicia este tema para que estos inmuebles sean regularizados o, por el contrario, eliminados de este registro.
