4 de octubre de 2022, 16:46
Decenas de mujeres se concentraron este martes ante la sede del Consello Gallego de Relaciones Laborales para reclamar un convenio que permita mejorar las condiciones laborales y salariales de un labor "feminizada y precarizada".
Así lo indicó la secretaria general de servicios del sindicato CIG, Transi Fernández, a un grupo de periodistas antes de iniciar una negociación con la patronal del sector para tratar de lograr un convenio colectivo para las más de 5.000 trabajadoras de servicios municipales de ayuda a personas mayores y con discapacidad.
Según Fernández, la propuesta de la patronal, que agrupa a empresas privadas beneficiarias de concesiones municipales para ese tipo de labores, prevé "dos escalas salariales" para mantener las actuales diferencias salariales entre ayuntamientos, a lo que se oponen las trabajadoras.
La representante de CIG criticó que las empresas, algunas de ellas con actitud de "piratas", pretenden enriquecerse a base de explotar a las trabajadoras ofreciendo salarios de 12 euros la hora, que han sido denunciados antes los tribunales.
También denunció la actitud de empresas concesionarias en algunos ayuntamientos que todavía no han pagado el 6,5 % de aumento salarial correspondiente a este año, por lo que tienen "deudas" contraídas con las trabajadoras, que ejercen mayoritariamente a tiempo parcial, y lamentó que los empresarios traten de retrasar el pago hasta alcanzar un nuevo convenio colectivo.
El último convenio colectivo fue alcanzado en 2011 pero desde entonces ha habido una tendencia creciente por parte de los ayuntamientos a sacar a concurso ese tipo de servicios para ejercerlos a través de empresas privadas que ofrecen una "calidad inferior", indicó la sindicalista.
CIG reclama que esos servicios sean ejercidas con trabajadores de titularidad pública y no a través de empresas privadas, aunque espera ahora conseguir un nuevo convenio más equilibrado y advierte de que si la patronal no mejora sus condiciones, podrían aumentar las movilizaciones.
Así lo indicó la secretaria general de servicios del sindicato CIG, Transi Fernández, a un grupo de periodistas antes de iniciar una negociación con la patronal del sector para tratar de lograr un convenio colectivo para las más de 5.000 trabajadoras de servicios municipales de ayuda a personas mayores y con discapacidad.
Según Fernández, la propuesta de la patronal, que agrupa a empresas privadas beneficiarias de concesiones municipales para ese tipo de labores, prevé "dos escalas salariales" para mantener las actuales diferencias salariales entre ayuntamientos, a lo que se oponen las trabajadoras.
La representante de CIG criticó que las empresas, algunas de ellas con actitud de "piratas", pretenden enriquecerse a base de explotar a las trabajadoras ofreciendo salarios de 12 euros la hora, que han sido denunciados antes los tribunales.
También denunció la actitud de empresas concesionarias en algunos ayuntamientos que todavía no han pagado el 6,5 % de aumento salarial correspondiente a este año, por lo que tienen "deudas" contraídas con las trabajadoras, que ejercen mayoritariamente a tiempo parcial, y lamentó que los empresarios traten de retrasar el pago hasta alcanzar un nuevo convenio colectivo.
El último convenio colectivo fue alcanzado en 2011 pero desde entonces ha habido una tendencia creciente por parte de los ayuntamientos a sacar a concurso ese tipo de servicios para ejercerlos a través de empresas privadas que ofrecen una "calidad inferior", indicó la sindicalista.
CIG reclama que esos servicios sean ejercidas con trabajadores de titularidad pública y no a través de empresas privadas, aunque espera ahora conseguir un nuevo convenio más equilibrado y advierte de que si la patronal no mejora sus condiciones, podrían aumentar las movilizaciones.
