Las asambleas de trabajadores de residencias privadas en Galicia han votado a favor del preacuerdo alcanzado por patronal y sindicatos, con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, para actualizar las retribuciones en este sector y así desconvocarán, una vez se formalice este pacto, la huelga que mantenían vigente desde el pasado 17 de marzo.
Así lo han confirmado las centrales sindicales esta mañana a Efe, que han explicado que esta tarde se materializará un preacuerdo que contempla mejoras salariales para los miles de trabajadores de este servicio en Galicia, repartidos en 265 centros.
El incremento en las nóminas será de un 6,5 % -el IPC del pasado año- sobre los salarios de 2019, una decisión que aunque ha sido apoyada por los trabajadores de manera "mayoritaria" por la mejora que supone, no resulta plenamente satisfactoria para los sindicatos.
De este modo, la responsable de Sanidad Privada de Comisiones Obreras (CCOO) en Galicia, Iria Estévez, ha señalado que aunque "no es el mejor acuerdo" sí es el más beneficioso que se podía "sacar en esta situación", dada la inflexibilidad de la patronal y las condiciones de la negociación.
A pesar de mantener una huelga indefinida desde hace dos semanas, el impacto de la misma apenas se ha hecho notar al establecer la Xunta unos servicios mínimos del 100 % para las residencias privadas, además de quedar suspendidos los permisos y libranzas.
CCOO, al igual que UGT, sí han confirmado su apoyo a este preacuerdo, del que se ha desmarcado la Confederación Intersindical Galega (CIG), cuya secretaria nacional de Servizos, Transi Fernández, ha alertado de la "pérdida de poder adquisitivo" que conlleva.
En línea con las declaraciones de la Asociación de Trabajadores de Residencias de Galicia (Trega), que criticó con dureza el pacto alcanzado, Fernández ha lamentado que no se contemplen actualizaciones salariales para los años 2020 y 2021, pese al esfuerzo realizado por este personal durante la pandemia, y que la subida salarial de cara a 2023 sea notablemente inferior a las tasas de inflación previstas.
Otro de los aspectos criticados desde la CIG ha sido la negativa de la patronal a abonar las bajas por accidente en su totalidad desde el primer día.
