lunes. 15.08.2022

Un caso gallego reaviva el debate sobre la muerte digna

El debate sobre la muerte digna se ha vuelto a instalar en la opinión pública con un caso que se dirime en Compostela, ciudad en la que los padres de una niña de 12 años con una enfermedad irreversible solicitan que no se alargue artificialmente la vida de su hija.

El debate sobre la muerte digna se ha vuelto a instalar en la opinión pública con un caso que se dirime en Compostela, ciudad en la que los padres de una niña de 12 años con una enfermedad irreversible solicitan que no se alargue artificialmente la vida de su hija. Se trata ésta de una decisión a la que, hasta la fecha, se ha opuesto el hospital universitario, centro médico en el que están reunidos hoy los clínicos que atienden a la pequeña con sus progenitores. Fuentes de este complejo han señalado a Efe que el servicio de pediatría demandó el informe del comité de ética de la gerencia de Santiago y de este expediente, y del contenido del documento, no han aportado más datos.

 

Un portavoz del centro hospitalario ha explicado, no obstante, que en todo momento se está actuando "con respeto a la legalidad y siguiendo los principios de la ética". La acción de provocar la muerte a un enfermo incurable para evitarle mayores sufrimientos físicos y psíquicos no tiene una normativa como tal. Únicamente en la Comunidad, y bajo el título de Ley 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, fue aprobada en el Parlamento gallego el pasado mes de junio la norma que regirá a partir de ahora el desarrollo de los instantes finales de aquellos enfermos con un pronóstico de vida limitado, situaciones en las que primará la libertad de decisión de los pacientes, la cual podrán hacer efectiva, y con anterioridad, a través del escrito de instrucciones previas.

 

Esta ley de garantías fue una iniciativa del PSdeG y ha sido aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios, algo excepcional en los días que corren, además de contar un grato recibimiento por parte de los colectivos directamente relacionados. La parlamentaria socialista impulsora de esta norma, Carmen Acuña, celebró el día de su aprobación en la Cámara el hecho de "conseguir ampliar" los derechos y libertades "para vivir y para morir". Acuña también destacó entonces la importancia de esta ley "muy necesaria" -aseguró- para los profesionales sanitarios, que ya "ayudaban a diario a morir de forma digna", pero "desde la clandestinidad". El texto garantiza la aplicación de los cuidados paliativos, independientemente de la edad y ubicación del paciente en cuestión, y éste podrá decidir si desea recibirlos solo o en compañía de su familia y amigos.

 

En ese sentido, Luis Masa, coordinador de la unidad de cuidados paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), la ha definido como "buena" y "necesaria", puesto que era una norma que -según ha declarado- "estábamos echando en falta". El sanitario considera, en una conversación con Efe y en términos generales, que el acuerdo unánime para aprobar la ley por parte de todas las formaciones políticas le otorga "mucho más valor" y le gustaría "que se tomase como referente" para la expansión a otras Comunidades Autónomas, aunque "habrá que ver el desarrollo que se le da" para juzgarla en su justa medida.

 

Uno de los aspectos que Masa destaca de la ley es el hecho de que recoge perfectamente "la filosofía de lo que son los cuidados paliativos", enfocándose hacia los derechos de los pacientes, y también "el sentir" de la labor que vienen realizando desde "hace más de veinte años" en estas unidades de cuidados, bien en el propio centro sanitario o mediante las "unidades de hospitalización domiciliaria". Aún así, el coordinador de los cuidados paliativos del CHUS alude a algún aspecto de la ley que genera ciertas dudas, como es el caso del artículo 9.2 que dispone lo siguiente:

 

"Los centros e instituciones sanitarias le garantizarán al paciente en situación terminal que deba ser atendido en régimen de hospitalización, las mejores condiciones relativas al confort, pudor e intimidad, incluyendo el ámbito sociosanitario y el derecho a la estancia en una habitación individual, salvo que circunstancias excepcionales lo justifiquen". Para el sanitario, la inconcreción de esas "circunstancias excepcionales" puede ser una vía de escape que permita no otorgar el mejor trato a los enfermos, ya que, para dispensar el mejor trato a los pacientes de cuidados paliativos, éstos deberían contar con una habitación para ellos solos y por este resquicio legal esta situación no está asegurada, al depender de las condiciones y recursos de los centros. Este apartado también se encuentra en el punto de mira de la presidenta gallega de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Emilia Irimia, quien lo ha calificado de "pequeña trampa" y, a nivel personal, ha dicho a Efe que "si la ley se cumple" no estará "en desacuerdo", pero que tiene "miedo" de que esto no sea así "porque necesita financiación" y ésta no viene estipulada, a pesar de que supone que es "mucho dinero". "La universalización de los cuidados paliativos a todos los gallegos es un gasto muy importante", pues actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), menos del 50% de los enfermos tienen acceso a este servicio, ha declarado Irimia, quien ha incidido en que "no hay personal especializado suficiente en el tema" y ha recordado la enorme cuantía económica que supondrá montar estas unidades para dar cobertura al total de la población, llegando hasta las zonas aisladas y apartadas del rural. La presidenta de la DMD en Galicia hace hincapié en otro aspecto negativo, esta vez la divulgación de la ley, ya que entiende que es necesaria una "pedagogía" entre la población y los profesionales sanitarios y no se conoce quién se encargará de realizarla. El doctor Masa también confiesa que echa de menos y que le hubiera gustado "que esta ley recogiese y exigiese el desarrollo completo" del Plan de Gallego de Cuidados Paliativos, aprobado en 2006, como marco de referencia para la aplicación de estos servicios, o incluyese, al menos, "una reseña". Preguntado por la posibilidad de que esta ley sea un primer paso para la legalización de la eutanasia, el coordinador de los cuidados paliativos del CHUS afirma que ese es "otro tema" y que "algún día tendrá que ser debatido", pero desliga la labor de su unidad de la eutanasia al explicar que los cuidados paliativos "abogan por una muerte digna", pero no matan al paciente, sino que ejercen "control de sus síntomas". Al respecto de esto, Irimia se pronuncia considerando que, "tal y como está la legalidad vigente", "se puede hacer muy poco más", pero cree ella que es "el momento idóneo para sumarse a la iniciativa del Parlamento vasco" que pide la derogación del artículo 143 del Código Penal, que castiga cualquier tipo de ayuda a la muerte. La portavoz de DMD afirma que la eutanasia es un asunto que "se va demorando" porque "no es un clamor y no da votos". Estima además que la Iglesia católica supone "un peso importante en contra", pero subraya, pese a ello, que este debate cuenta cada vez más con un amplio respaldo social y de él se hablará mucho, anticipa, en el presente y en el futuro.

Un caso gallego reaviva el debate sobre la muerte digna
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