El magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza Martín ha afirmado hoy, en la Escuela de Verano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que "si fuera el Gobierno" se "pensaría seriamente retirar" el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Maza Martín ha participado esta mañana en las actividades que organiza el CGPJ en el Pazo de Mariñán, ubicado en la localidad coruñesa de Bergondo, en una sesión denominada "Jurisdicción universal, libertad de expresión, amparo". Durante su intervención ante unas treinta personas ha hablado sobre las reformas que se plantean en la Administración de Justicia y ha reconocido que a los jueces "nunca" les gustan los cambios y siempre los critican, aunque en ocasiones se equivocan.
"Si fuera el Gobierno, me pensaría seriamente retirar esta ley. Hay muchos informes y todo el mundo se opone. Si coincide todo el mundo, de todas las tendencias, de todas las formas de participar en la Administración de Justicia, eso debería llevar a alguna consideración", ha relatado. Un punto muy controvertido trata sobre la libertad de expresión de los jueces, pues se limita su aparición en los medios y se les prohíbe opinar acerca de diferentes asuntos de manera pública. A su juicio, esto es "innecesario" porque ya existe una normativa en la que se contempla una serie de sanciones contra aquellos que la quebranten, con múltiples casos previstos como atentados contra el honor o injurias, entre otros supuestos. Cree que en el proyecto de ley "se mezclan jueces con asociaciones judiciales" y estas últimas "están para hacer manifestaciones, críticas y opiniones".
El magistrado se declara "firme y ferviente defensor del juez unipersonal" y piensa que exigir un tribunal colegiado de tres personas lleva a la transformación a "jueces gregarios". "Esta ley merece una censura enérgica. Quien haya podido redactar esto no entiende igual que yo lo que es un perfil de un juez constitucional", ha enfatizado. Sobre la justicia universal, el magistrado se ha salido "por la tangente" porque su sala se pronunciará el próximo día 23 de julio y mientras se tiene que "morder la lengua". En su opinión, si países como Estados Unidos, Rusia o Japón se sometiesen a la Corte Penal Internacional se solucionarían muchos problemas de esta índole.
"Si algún día se consiguiera, los jueces españoles no tendríamos que tomar ese protagonismo", ha argumentado. Y ha llamado la atención acerca de que cuando hubo una primera opinión al respecto en el Tribunal Supremo fue "el tema más debatido, sin duda, en los últimos doce años" con siete votos particulares de quince magistrados. "Luego el tema acabó en el Tribunal Constitucional, que nos dio un revolcón a la mayoría y dio la razón a los siete discordantes aunque el Gobierno de entonces más tarde reformó la ley y dio la razón a la mayoría", ha relatado. Sus compañeros "del voto particular decían que tenía que haber una serie de vinculaciones como las culturales", mientras que otros hablaban de la "presencia en España del autor del delito, de poder acceder a él o de que se hubiera cometido contra algún ciudadano español".
"Lo que hizo el Tribunal Constitucional era aplicar la ley. Nosotros hicimos una interpretación imaginativa", ha comentado, y ha añadido que con los cambios realizados se limita a que alguna de las víctimas sea española o que haya posibilidad real de enjuiciamiento. En este sentido, la Audiencia Nacional autorizó recientemente al juez Santiago Pedraz a seguir investigando la muerte del reportero español José Couso en un ataque de las fuerzas norteamericanas de acuerdo al principio de justicia universal.
