lunes 10/5/21

Vázquez insiste en reformar Código penal para disuadir a las ocupaciones

La titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta, Ángeles Vázquez, insistió en la necesidad de reformar el Código Penal para disuadir las ocupaciones y devolver las viviendas a sus propietarios. ,Una postura, recordó en rueda de prensa, defendida por el Gobierno gallego que ya cuenta con el aval de dos dictámenes de expertos penalistas. 

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La titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta, Ángeles Vázquez, insistió en la necesidad de reformar el Código Penal para disuadir las ocupaciones y devolver las viviendas a sus propietarios.

Una postura, recordó en rueda de prensa, defendida por el Gobierno gallego que ya cuenta con el aval de dos dictámenes de expertos penalistas.

Vázquez informó este viernes de las decisiones en materia de ocupación abordadas en la reunión del Consello do Observatorio da Vivenda de Galicia, celebrada esta mañana, y dijo que, en base al contenido de los dictámenes presentados hoy en el Observatorio, los servicios jurídicos de la Xunta elaborarán un informe para trasladar al Gobierno central -que también conocerán los grupos parlamentarios- de forma que tome conciencia del problema que representa este fenómeno en la comunidad gallega.

Además, recordó que ambos dictámenes fueron encargados por el departamento que dirige, con el objetivo de poner encima de la mesa medidas que frenen este fenómeno y, sobre todo, "por la falta de una solución a este problema por parte del Gobierno central".

Explicó que uno de los dictámenes está elaborado por Santiago Brage, de la Universidad de Santiago de Compostela, y el otro por Silvia Valmaña, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Aclaró la conselleira que una de las principales conclusiones que arrojan dichos informes, y que avalan la postura defendida por la Xunta, es la necesidad de modificar el Código Penal (artículo 245) y una variada y extensa normativa sectorial: como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley del Tribunal del Jurado, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Orgánica de protección Jurídica del Menor.

Ante esta situación, afirmó que la Administración gallega apuesta por reformar el Código Penal, mediante un endurecimiento de las penas a los que ocupan ilegalmente una vivienda; al tiempo que se agilizan los procedimientos que permitan devolver las viviendas ocupadas a sus propietarios, otorgando seguridad jurídica.

Asimismo, consideró que el Gobierno central tiene que poner en marcha medidas que desalienten este tipo de comportamientos, "en vez de defenderlos", tal y como sucede con la aprobación del Real Decreto Ley 37/2020, en el que se establece la suspensión de los procedimientos judiciales para el lanzamiento de las ocupaciones ilegales durante el estado de alarma.

"Queríamos ver si por parte de la Xunta estábamos en el buen camino y por lo tanto teníamos que seguir adelante pidiendo lo que vienen a decir estos dictámenes", incidió, y agregó que "no puede ser posible que esté más penada la extracción de un móvil que una ocupación ilegal de una vivienda, con lo que eso supone", puso como ejemplo.

La conselleira de Medio Ambiente recordó que las competencias autonómicas son limitadas, pero que realizará todas las acciones que sean necesarias para conseguir una mayor seguridad jurídica; e insistió en que el Gobierno central es la Administración competente para impulsar las reformas legislativas que frenen la práctica delictiva de la ocupación de vivienda.

"Se lo pedimos al Gobierno central, se lo pedimos al anterior delegado del Gobierno en Galicia y se lo pedimos ahora al nuevo delegado: necesitamos tener una comunicación fluida, lo que supone que tengamos los datos actualizados en relación a la ocupación de vivienda", lamentó Vázquez, quien añadió que las cifras "siguen sin llegar", por lo que la Administración autonómica tiene que recurrir a diversas fuentes para conocerlos.

Señaló que de los datos que se fueron conociendo la conclusión es que, si en los dos primeros trimestres de 2020 se registraba una ocupación cada dos días en Galicia, en el tercer trimestre esa cifra aumentó hasta una ocupación al día".

Por último, recordó que la Xunta puso a disposición de las personas afectadas por una ocupación ilegal de su vivienda un teléfono de información y asesoramiento especializado y gratuito (900 121 221), en el que serán atendidos por profesionales del Consejo de la Abogacía Galega para atender las consultas que se reciban, tanto por teléfono como vía online.

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