La Xunta y los ayuntamientos gallegos, representados en la Fegamp, han acordado ampliar el plazo de presentación de alegaciones para la Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua ante la falta de consenso.
Así, aunque ya se había ampliado en 15 días el plazo de consultas de la ley hasta el 15 de septiembre, la Xunta ha aceptado extender otros 15 días más este proceso.
Representantes del Gobierno gallego, de los municipios y de las diputaciones provinciales se han reunido este viernes en la sede de la EGAP en Santiago para analizar los efectos de esta norma que, según la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, “cumple con los principios básicos del plan local del agua, sin crear nuevas tasas”.
Sin embargo, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha admitido que en los ayuntamientos existe “preocupación” ante una subida de impuestos que repercuta en la factura del agua que pagan los ciudadanos.
Según Varela, se “está discutiendo cuál es la cuantía de esa subida, si va a ser más o menos, pero lo que está claro es que sí se va a notar en los bolsillos de los vecinos” por lo que desde la Fegamp se está realizando un estudio para hacer una estimación de este posible incremento.
El representante del ente supramunicipal ha insistido en que “es importante aclarar” este aspecto porque aunque las modificaciones en la gestión del agua puedan ser necesarias y estar “justificadas”, a su parecer, “las cosas hay que aclararlas bien”.
En la reunión, según ha explicado, se “estuvo discutiendo sobre competencias y financiación” puesto que las cuatro diputaciones provinciales “coinciden” en que el texto redactado por la Xunta recoge “injerencias” en las competencias provinciales y les obliga a afrontar nuevas cargas al tener que “financiar a los ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes”.
Por ello, el representante de los regidores gallegos ha pedido cautela a la hora de aprobar esta norma para buscar el “consenso de todas las administraciones”.
Sin embargo, la responsable de Infraestructuras del Gobierno gallego ha reiterado que la Xunta propone un modelo “de ayuda voluntaria a los ayuntamientos ante unas competencias complejas” y que no implica nuevos tributos.
La nueva norma, ha dicho, “no crea ninguna tasa nueva a los usuarios y, por lo tanto, es rotundamente falso” que se vaya a incrementar el coste de la factura por lo que las alertas a este respecto lanzadas por parte de ayuntamientos y partidos políticos, a su juicio, evidencian “un alarmante desconocimiento del proyecto de ley” y también de “la gestión del agua y de las problemáticas que tienen los ayuntamientos” con dicha competencia.
Con todo, la conselleira ha admitido que habrá un “cambio de denominación” en uno de los impuestos porque actualmente la nomenclatura empleada “no es acorde con lo que realmente grava, que es la depuración”.
De este modo, el actual impuesto de coeficiente de vertido pasará a llamarse canon de gestión de depuradoras con la consecuente eliminación de “una exención” en vigor en la actualidad sobre la depuración de “los primeros metros cúbicos” conforme a la directiva pacto del agua a nivel europeo, ha remarcado.
Ha insistido en que la ley busca “avanzar en la mejora de la calidad de las aguas de los ríos y de las rías de Galicia y atender la necesidad de apoyo de muchos ayuntamientos para ejercer las competencias de abastecimiento, saneamiento y depuración”, que son costosas y complejas.
En este sentido, ha hecho referencia a las “dificultades” existentes en numerosos ayuntamientos y que se constatan en el hecho de que la “mitad de las depuradoras” que gestionan las administraciones tienen deficiencias, lo que puede suponer consecuencias negativas para la salud pública, el medio natural, la pesca, el marisqueo o el turismo.
Frente a esta organización, ha recordado, ya hay un grupo de ayuntamientos que tienen “el privilegio de verse liberados de la responsabilidad de gestionar sus depuradoras municipales”, de ese trabajo técnico y de los costes económicos.
Ha detallado que Augas de Galicia gestiona 28 depuradoras municipales por lo que con esta norma se dará esa oportunidad a todos los ayuntamientos que soliciten ese encargo de la explotación de sus servicios, en un modelo de colaboración con garantías de eficacia.
En este sentido, ha remarcado que la Xunta ya ha invertido más de 1.100 millones de euros en actuaciones que consiguieron mejorar en una medida muy importante la calidad de las aguas gallegas.
Ha hacho hincapié así en la necesidad de que, además de ejecutar infraestructuras, hace falta que estas funcionen de forma idónea, para lo cual la ley establece la necesidad de implantar planes de lucha contra los vertidos o para la eliminación de las aguas de lluvias en las redes de saneamiento, además de medidas de eficiencia energética.
