20 de octubre de 2022, 15:25
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este jueves que su Gobierno recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del reglamento de Costas para mantener la actividad económica y garantizar el empleo en el litoral.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha señalado que su Ejecutivo ha dado luz verde a esta decisión a la que ya se habían comprometido con los representantes de la cadena mar-industria.
El Gobierno gallego ha adoptado esta decisión con el objetivo de defender la viabilidad de la actividad de este sector frente a las “medidas cada vez más restrictivas” que impone el Ejecutivo central que, a su juicio, busca “erradicar” cualquier actividad humana y económica del litoral.
“No tiene ningún sentido esta normativa, se pueden hacer las cosas mucho mejor y, por tanto, tenemos que recurrir” porque la modificación es “absolutamente perjudicial” para las empresas gallegas, ha justificado el máximo mandatario gallego.
En este sentido, ha hecho referencia a la eliminación de las prórrogas extraordinarias de todas las concesiones de actividades económicas.
Estas cuestiones ya están afectando a las empresas gallegas pues, según los datos de la Xunta, la normativa del Gobierno ya ha puesto "en riesgo" a 4.000 edificaciones pertenecientes a 82 municipios, incluidas un centenar de empresas de la cadena mar-industria.
A este hilo, el presidente gallego ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva tiempo “esperando” a la entrada en vigor de esta modificación ya que a lo largo de los últimos años no había dado respuesta a varias empresas que llegaron a pedir “hasta 18 prórrogas”.
De este modo, “quedan en limbo jurídico y ya se están produciendo muchas paralizaciones de actividad" con familias que incluso se han "enterado por el Catastro" de que sus propiedades ahora son propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica.
Finalmente, el mandatario gallego ha defendido la decisión adoptada por la Xunta este jueves y confía en que el recurso prospere ya que desde Galicia “no podemos hacer otra cosa” después de haber intentado que el Gobierno les transfiriese las competencias del dominio público marítimo-terrestre.
Al respecto, ha reprochado que el Ejecutivo ni tan siquiera diese respuesta al dictamen en el que se le solicitaba el traspaso pese a que ya han pasado varios meses desde que se le dio traslado de un texto “bien elaborado”.
De forma paralela, la Xunta continúa elaborando la redacción de la que será la primera Ley de ordenación del litoral de Galicia y que busca conseguir el autogobierno pleno en cuanto a la ordenación de la franja costera.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha señalado que su Ejecutivo ha dado luz verde a esta decisión a la que ya se habían comprometido con los representantes de la cadena mar-industria.
El Gobierno gallego ha adoptado esta decisión con el objetivo de defender la viabilidad de la actividad de este sector frente a las “medidas cada vez más restrictivas” que impone el Ejecutivo central que, a su juicio, busca “erradicar” cualquier actividad humana y económica del litoral.
“No tiene ningún sentido esta normativa, se pueden hacer las cosas mucho mejor y, por tanto, tenemos que recurrir” porque la modificación es “absolutamente perjudicial” para las empresas gallegas, ha justificado el máximo mandatario gallego.
En este sentido, ha hecho referencia a la eliminación de las prórrogas extraordinarias de todas las concesiones de actividades económicas.
Estas cuestiones ya están afectando a las empresas gallegas pues, según los datos de la Xunta, la normativa del Gobierno ya ha puesto "en riesgo" a 4.000 edificaciones pertenecientes a 82 municipios, incluidas un centenar de empresas de la cadena mar-industria.
A este hilo, el presidente gallego ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva tiempo “esperando” a la entrada en vigor de esta modificación ya que a lo largo de los últimos años no había dado respuesta a varias empresas que llegaron a pedir “hasta 18 prórrogas”.
De este modo, “quedan en limbo jurídico y ya se están produciendo muchas paralizaciones de actividad" con familias que incluso se han "enterado por el Catastro" de que sus propiedades ahora son propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica.
Finalmente, el mandatario gallego ha defendido la decisión adoptada por la Xunta este jueves y confía en que el recurso prospere ya que desde Galicia “no podemos hacer otra cosa” después de haber intentado que el Gobierno les transfiriese las competencias del dominio público marítimo-terrestre.
Al respecto, ha reprochado que el Ejecutivo ni tan siquiera diese respuesta al dictamen en el que se le solicitaba el traspaso pese a que ya han pasado varios meses desde que se le dio traslado de un texto “bien elaborado”.
De forma paralela, la Xunta continúa elaborando la redacción de la que será la primera Ley de ordenación del litoral de Galicia y que busca conseguir el autogobierno pleno en cuanto a la ordenación de la franja costera.