La conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, ensalzó este martes, durante su intervención en el pleno del Parlamento de Galicia, los avances logrados por el Gobierno gallego en materia de discapacidad y dependencia, en una sesión en la que BNG y PSdeG criticaron la falta de compromiso y de medios por parte de la Xunta en este ámbito.
García aseguró que durante los últimos años Galicia ha avanzado notablemente en materia de discapacidad, pero incidió en que seguirá haciendo "todo lo que esté" sus manos para que en la comunidad autónoma se produzcan los cambios normativos necesarios para lograr la legislación que más se ajuste a las necesidades de esas personas.
En el transcurso de su intervención para hablar del plan de trabajo de la comisión parlamentaria para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad, la conselleira explicó que la Xunta apuesta por una atención individualizada de estas personas desde la infancia hasta la vejez, y que implique a toda la sociedad.
Destacó la titular de Política Social la creación de la Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade que, dijo, convierte a Galicia en una de las pocas comunidades con un departamento centrado en este ámbito, y avanzó que en las próximas semanas se convocarán las primeras plazas de atención en régimen de concierto para facilitar la creación de servicios allí donde sean necesarios.
Entre otras cifras, García expuso que en los últimos años se incrementó en Galicia en un treinta por ciento el número de plazas de atención hasta llegar a las 5.600 y que el presupuesto del gobierno autonómico para la discapacidad alcanzó este año 2022 los 142 millones de euros, un doce por ciento más que en el ejercicio precedente.
Sobre el sistema de valoración de las personas discapacitadas, la conselleira afirmó que las mejoras introducidas por la Xunta permitieron reducir un 25 por ciento el tiempo de espera en el último año. "A día de hoy, una persona espera cincuenta días menos que en 2021 para ver resuelto su expediente", señaló.
Recordó, además, la puesta en marcha de 17 nuevas unidades de valoración de la discapacidad, así como el refuerzo del personal que atiende estos servicios.
Fabiola García destacó que Galicia es, después de Castilla y León, la comunidad española que más personas dependientes atiende: más de 66.000, afirmó.
Otros datos a los que se refirió la conselleira fueron que el 93 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en un centro ordinario, "diez puntos más que la media estatal", indicó, y que la Xunta apoya su acceso al empleo a través de los centros especiales, de plazas reservadas al empleo público o de la promoción de las plazas reservadas.
Desde la oposición, las portavoces del BNG y del PSdeG echaron abajo los argumentos de la titular de Política Social criticando la falta de compromiso y de medios económicos del Gobierno gallego en materia de discapacidad.
La socialista Marina Ortega rechazó que García dijese que Galicia es la comunidad más inclusiva, "cuando -dijo- es la que menos empleo ofrece a las personas discapacitadas". "Somos la autonomía que más fondos estatales recibe para dependencia y la que menos invierte por habitante en dependencia", indicó.
Ortega aseguró que la Consellería está haciendo valoraciones de personas discapacitadas "por teléfono", y acusó a este departamento de "esconder" a casi dos mil solicitantes de las prestaciones por dependencia "para que no salgan en las estadísticas".
Olalla Rodil, del BNG, indicó que en la comunidad gallega "no se garantiza la inclusión social ni la accesibilidad universal" y dijo que tampoco son suficientes los medios para llevar a cabo "el proyecto de vida independiente a la que todas las personas tienen derecho".
La nacionalista criticó que el plan de trabajo de la comisión parlamentaria para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad fuese constituido en el año 2012 y que transcurridas cuatro legislaturas "no haya sido capaz de hacer un solo dictamen; es una vergüenza", aseveró.
"Pero tampoco cumple la Xunta, su actitud es inadmisible", afirmó Rodil, que criticó la "falta de impulso" del Ejecutivo gallego, "tanto en el ámbito normativo como en la acción de gobierno".
"Los derechos cuestan mucho dinero, pero es la única forma de garantizar una sociedad democrática e inclusiva", subrayó la diputada del BNG.
Por último, el diputado popular Alberto Pazos echó mano de las cifras para indicar que en el año 2009 durante el bipartito la Xunta de Galicia dedicaba 468 millones de euros a políticas sociales, cuando actualmente esa cifra se eleva a 927 millones de euros.
Pazos dijo que la discapacidad es hoy "una materia transversal en dos sentidos". Por una parte, señaló, "el institucional, porque pasó de ser una responsabilidad exclusiva de Política Social a afectar a la acción de todas las consellerías y organismos"; pero también, agregó, "es transversal en lo personal, porque evolucionó de lo que era un apoyo esporádico a un acompañamiento de la persona en cualquier edad y circunstancia a lo largo de toda su vida".
