A partir del 1 de enero de 2025, las viviendas de protección pública en Galicia contarán con un régimen de protección indefinido, lo que prohibirá su reventa, según ha anunciado la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, durante una visita al barrio de Navia, en Vigo. Esta medida modificará el artículo 60 de la Ley Gallega de Vivienda, que hasta ahora permitía la venta de estos inmuebles tras varios años de propiedad.
La nueva normativa se aplicará a todas las viviendas de promoción pública y a las de protección autonómica construidas en suelos públicos. Estas viviendas, tanto las de iniciativa pública como privada desarrolladas en terrenos promovidos por el sector público, estarán protegidas de manera indefinida, asegurando que no puedan ser vendidas a terceros una vez transcurrido un periodo de tiempo, como se permitía hasta ahora.
Durante su intervención, Martínez Allegue destacó que esta modificación refuerza el compromiso de la Xunta por garantizar el acceso a vivienda asequible y de calidad para los ciudadanos. En el barrio de Navia, por ejemplo, se construirán más de 1.600 viviendas, de las cuales la mitad serán de promoción pública. Este proyecto, según la conselleira, representa el modelo que la Xunta quiere implementar en Galicia: un desarrollo urbano con viviendas accesibles, equipamientos como institutos y centros de salud, y amplios espacios verdes para la vida familiar y el deporte.
La Xunta también ha decidido triplicar el presupuesto destinado a la construcción de vivienda pública, alcanzando por primera vez más de 500 millones de euros entre 2024 y 2025. En concreto, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) gestionará más de 221 millones de euros en 2025, un incremento de 55 millones respecto al año anterior.
Además, la conselleira instó al Gobierno central a asumir un mayor compromiso en la problemática del acceso a la vivienda. Alegó que no es suficiente con exigir más implicación a las comunidades autónomas, sino que el Ejecutivo nacional debe tomar medidas urgentes para atajar esta crisis habitacional que afecta a todo el país.
Entre las acciones que la Xunta ha implementado para aumentar la oferta de suelo y edificaciones destinadas a vivienda, se incluye la reducción a la mitad de los plazos para tramitar y desarrollar proyectos de interés autonómico, la posibilidad de convertir locales comerciales en viviendas y la equiparación fiscal entre ambos usos. También se facilitará la finalización de estructuras parcialmente construidas siempre que el 50% de los pisos resultantes se destinen a vivienda protegida.
Con estas medidas, la Xunta busca garantizar un acceso más justo y asequible a la vivienda, protegiendo a largo plazo el patrimonio residencial destinado a los sectores más vulnerables de la población.
