domingo. 27.11.2022
Vivienda

Xunta y Abanca acuerdan impedir desalojos por impago de hipoteca o alquiler

La Xunta de Galicia y la entidad financiera Abanca han firmado hoy un convenio de colaboración en Santiago por el que se comprometen a impedir los desalojos de la vivienda habitual en caso de impago de la hipoteca o del alquiler a familias necesitadas.

La Xunta de Galicia y la entidad financiera Abanca han firmado hoy un convenio de colaboración en Santiago por el que se comprometen a impedir los desalojos de la vivienda habitual en caso de impago de la hipoteca o del alquiler a familias necesitadas. Mediante este acuerdo, que se inscribe en el Plan Social de Lucha contra la Desigualdad, puesto en marcha por el Gobierno gallego, las personas que no puedan afrontar su hipoteca con Abanca no abandonarán la vivienda habitual, sino que en función de su renta y de sus cargas familiares pagarán un alquiler social de 75 euros como máximo, que puede ser hasta gratuito.

 

Será la Consellería de Medio Ambiente, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, la que colabore con las familias para ayudarles a pagar la renta, en caso de cumplir las condiciones. Mediante el convenio, Abanca se compromete a ceder a Galicia, además, hasta 100 viviendas vacías para familias en situación de dificultad económica que no puedan hacer frente a sus pagos de hipoteca o alquiler. Los adjudicatarios de estas viviendas abonarán un máximo de 125 euros, en función de la renta y de las cargas familiares, para el que también obtendrán ayudas de la Administración.

 

El acuerdo ha sido firmado por el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, y la titular de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Ethel Vázquez, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo y el vicepresidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet.

 

Núñez Feijóo ha anunciado que a las cincuenta viviendas que Galicia dispone de la Sareb, a las que ahora se le unen otras cien cedidas por Abanca, se sumarán más en los próximos días, tras la firma de convenios similares al de hoy con otras entidades financieras que operan en la Comunidad. "Es un acuerdo que marca el inicio de un camino ambicioso; conseguir que en Galicia no haya ninguna familia desalojada por impago de hipoteca ni por impago de alquiler", ha proclamado el presidente gallego.

 

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que todavía hay sectores alejados del inicio de la recuperación económica, por lo que "deben ser destinatarios del primer oxígeno". Ha recordado distintas medidas puestas en marcha por la Xunta en materia de vivienda y ha señalado que próximamente se pondrá también en marcha el censo de viviendas vacías, creado por decreto, para ponerlas a disposición de las necesidades sociales. También ha agradecido a Abanca la rapidez con la que se ha podido firmar el convenio, apenas tres semanas después de la reunión mantenida entre él mismo y Juan Carlos Escotet.

 

El vicepresidente de la entidad financiera ha asegurado que este acuerdo será "una valiosa herramienta para ayudar a numerosas familias gallegas" en situación de dificultad y ha defendido que Abanca es una entidad "sensible" a los problemas de su entorno, "especialmente con los casos de raíz económica y sus efectos sobre la vivienda". "De hecho -ha continuado-, es algo que muchas veces queda oculto, las entidades financieras somos las primeras interesadas en evitar situaciones de este tipo.

 

En primer lugar, porque no somos indiferentes al drama social que suponen y, en segundo, porque en esos casos nos vemos distanciados de nuestra actividad natural, la financiación, y la obligación de gestionar un tipo de activo, el inmueble que, en principio, nos es ajeno". En su intervención ha afirmado que ya en los últimos meses la entidad ha tomado medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad y ha flexibilizado los criterios para aplicar a los deudores medidas de reestructuración de sus pagos.

 

También ha recordado otras medidas, como la aportación al fondo social de viviendas estatal de 200 inmuebles en toda España para acoger, en régimen de alquiler social, a personas en el umbral de la exclusión.

Xunta y Abanca acuerdan impedir desalojos por impago de hipoteca o alquiler
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