El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, y otras seis personas, cinco de ellas ediles, que comparecieron a principios de noviembre del pasado año en un juicio por supuesta prevaricación urbanística en la concesión de 44 licencias para construir casi 3.500 viviendas en el año 2006, han sido absueltos en una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo notificada hoy a las partes.
Junto a Fuente Parga figuraban como investigados otros cinco ediles que formaban parte de la junta de gobierno en 2006, así como la arquitecta municipal, lo que suma un total de siete personas que se sentaron en el banquillo de los acusados para responder por la supuesta concesión irregular de esas licencias en pleno auge de la construcción en la zona.
La sentencia indica que hay “ciertas dudas” sobre si la actuación de los sospechosos fue “totalmente legal o ajustada a la legislación vigente”, pero subraya que no ha quedado acreditado que estuviese “desprovista de toda interpretación razonable del ordenamiento jurídico aplicable a la materia sobre edificación y planeamiento" en el Ayuntamiento de Barreiros.
Asimismo, la sentencia señala que la actuación de los imputados tenía “cierta apoyatura legal, por cuanto cabía entender la posibilidad de encontrarse ante suelo consolidado, debido a la existencia de redes de servicios y suministros en las parcelas, de modo que pudieran adquirir la condición de solares con obras accesorias”. El magistrado sostiene que de la prueba practicada no se ha probado “con una claridad meridiana” que los acusados actuaran “a sabiendas de la injusticia que cometían a la hora de aprobar las licencias”.
Así, destaca que se encontraban ante “informes técnicos favorables en todos los casos y jurídicos favorables o confusos, salvo en un par de casos que eran claramente desfavorables, o sin informe jurídico”. Contra el fallo, que ha sido notificado hoy, cabe presentar recurso ante la Audiencia provincial.
El abogado que defendió al alcalde, Luis Rego, precisó que en esa “extensa sentencia”, de 37 páginas, el Juzgado de lo penal número 2 de Lugo, “viene a decir” lo que la defensa mantuvo “desde el principio de este procedimiento”, pero ahora tras una “exhaustiva” revisión de la totalidad de las pruebas presentadas. El letrado lamentó el “acoso político y mediático” que han tenido que soportar “estas personas durante “largos años” y que han derivado “en situaciones complicadas en el ámbito personal”. Desde su punto de vista, la sentencia “viene a ratificar su buen hacer, conforme a la legalidad”.
La Fiscalía pedía para el regidor local, que en noviembre de 2015 anunció que dejaba el PP por la apertura de juicio oral contra él, una pena de dos años prisión y diez meses de inhabilitación, aunque la acusación particular, ejercida por la organización ecologista Adega, solicitaba un año de cárcel por “cada uno de los delitos” que le imputaba al alcalde. En declaraciones a Efe, la abogada que representaba a la acusación particular, Montserrat Calvo, explicó que lo que intentó demostrar en el juicio fue la ilegalidad en la concesión de licencias para construir 41 urbanizaciones y bloques de viviendas, así como en otros tres permisos para hacer “piscinas y equipamientos en suelo rústico”. La causa remonta a hechos sucedidos en 2006 yo ya había sido archivada en dos ocasiones antes de ser juzgada.
