Un vecino del municipio lucense de Sarria aceptó este miércoles una pena de dos años de cárcel por un supuesto delito de corrupción de menores, después de reconocer que tenía en su poder 22.000 archivos con contenido pedófilo y que había facilitado su distribución a través de Internet, en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Lugo.
Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para el acusado una pena de 8 años de cárcel, así como otros 6 de libertad vigilada y la prohibición de ejercer cualquier actividad que implique el “contacto regular y directo” con menores durante diez años.
Sin embargo, en virtud de un acuerdo de conformidad al que llegó la defensa con la Fiscalía, el acusado reconoció en el juicio los hechos por los fue investigado y el ministerio público rebajó la petición de pena de cárcel a solo dos años.
También se le impone un año de libertad vigilada, tiempo en el que tendrá que realizar programas formativos de educación sexual. Tampoco podrá ejercer ningún tipo de oficio o profesión relacionado con menores durante dos años.
La abogada que ejerció la defensa confirmó que el acusado, previsiblemente, no entrará en prisión, dado que carece de antecedentes penales. De hecho, en el propio acto del juicio se solicitó la suspensión de la condena privativa de libertad.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado no solo “descargó de manera consciente” ese material de contenido pedófilo, sino que también distribuía y compartía los archivos que había almacenado con otros usuarios.
La investigación fue desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de la Policía Nacional, tras detectar la circulación a través de Internet de varios archivos que “contenían material de contenido inequívoco pornográfico infantil”.
Iniciada la investigación, los técnicos del Cuerpo Nacional de Policía lograron determinar que “al menos un usuario”, a través de una línea telefónica domiciliada en Sarria, estaba realizando “la búsqueda” y la “descarga” de esos archivos de contenido pedófilo, que luego compartía a través de la Red con otros usuarios.
El 3 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sarria autorizó la entrada y registro el domicilio del investigado, en ese mismo municipio lucense. Los agentes intervinieron dos ordenadores portátiles, tres discos duros y un móvil, supuestamente utilizados por el procesado para descargar, almacenar y compartir los archivos de contenido pedófilo.
Tras analizar su contenido, hallaron 22.000 archivos, entre fotos y vídeos, alguno de ellos “de extrema dureza”, en los que se veía “a menores de corta edad manteniendo sexo con animales”.
