La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo tomó la decisión de anular las actuaciones que figuran en la causa contra una mujer de 30 años de edad, con iniciales C.L.D.F, que estaba acusada de haberse quedado, supuestamente, con 12.613 euros de los impuestos que los contribuyentes pagaban en metálico en el Ayuntamiento de Viveiro (Lugo). La nulidad de las actuaciones para retrotraer el proceso al inicio de la instrucción fue solicitada por la defensa, pero en este caso tampoco se opuso el ministerio fiscal, al considerar que la calificación del delito que se le imputaba a la acusada, malversación impropia, no se ajustaba a la circunstancias de los hechos que tiene que valorar el tribunal.
Aunque la acusada sólo estuvo trabajando durante un año para la Administración local, el ministerio fiscal anunció su intención de cambiar en sus conclusiones definitivas la calificación del delito, para solicitar pena por malversación propia, dado que en el momento de los hechos la acusada ostentaba "la condición de funcionario público", como trabajadora del Ayuntamiento de Viveiro. El abogado que se hizo cargo de la defensa, Enrique Molina, explicó que los procedimientos que se siguen contra funcionarios públicos tienen un trámite específico que es la Ley del Jurado, de modo que la sala tomó la decisión de anular las actuaciones realizadas y retrotraer la causa de nuevo al Juzgado de Instrucción de Viveiro, dado que el procedimiento abreviado limita el derecho de defensa.
Por otra parte, Molina afirmó que al mirar la documentación que aparece en el expediente se comprueba que las cajas del Ayuntamiento y los extractos -de las cuentas bancarias- no coincidían, y se da la circunstancia de que las cajas de la Administración local eran llevadas por una persona que no es la acusada, sino otra funcionaria que estuvo imputada en todo el procedimiento. El letrado entiende que esa persona "aportaba aquellos papeles que quería aportar", a través de la Policía Local, y "los extractos del Ayuntamiento de la cuenta municipal no coincidían con esas cajas". Por todo ello, el abogado considera que se hace necesaria una instrucción suplementaria para tener acceso oficial a todos los extractos del Ayuntamiento de Viveiro desde el año 2008 hasta el 2010 y "todas las cajas de efectivo durante ese tiempo", algo que sería "imposible" si fuese practicada con los trámites previstos en el procedimiento abreviado.
"No digo que se haya quedado con el dinero ni C.L.D.F, ni la tesorera ni tampoco la jefa de Recaudación. Lo que digo es que era tal el caos de gestión económica de la caja municipal, que en ocasiones se anotaban en cuenta como cantidad cero ingresos que eran realizados por transferencia bancaria o en efectivo", lo que "daba lugar a que se reprodujese la expedición del recibo del IBI" que ya había sido pagado, precisó.
A su juicio, "el control de Tesorería era absurdo" y la "gestión contable demencial". Además, desde su punto de vista "ha habido muy poco interés por tramitar la instrucción" y, de hecho, "el fiscal sólo ha aparecido al final para presentar el escrito de acusación, pero nunca ha participado en los años de instrucción". También se extrañó de que el Ayuntamiento, "si realmente se considera perjudicado por estos hechos", no se hubiese "personado" en la causa "para reclamar contra quien supuestamente le ha robado". "Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a hacer las cuentas claritas. Vamos a pedir los extractos, vamos a pedir las cajas, todas ordenadas, y vamos a hacer un informe en condiciones, para ver si falta dinero o no falta dinero. Posiblemente, no falte dinero", añadió. Por lo demás, "si la gestión del Ayuntamiento era caótica, es algo que debería haber controlado el Tribunal de Cuentas", porque a su juicio "ha cerrado en falso" y se ha limitado a reclamar a la acusada la cantidad que supuestamente falta de la recaudación del Ayuntamiento.
La acusada, fue contratada durante un año, desde junio de 2010, para trabajar en las oficinas de Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Viveiro, gracias a un programa de ayuda para favorecer la inserción laboral de las mujeres financiado por la Consellería de Traballo e Benestar. Según el escrito de acusación del fiscal, la procesada quebró "la confianza depositada en ella por quienes la contrataron" y durante un "período de ausencia de la encargada del departamento" de Recaudación, se quedó con el dinero de los "recibos abonados por los particulares" que acudían a la oficina para tributar sus impuestos. En concreto, los hechos que le imputa el fiscal sucedieron los días 7, 9, 10 y 13 de diciembre de 2010, cuando la encargada del departamento de Recaudación estaba disfrutando de unos días de "asuntos propios". Según el ministerio público, en ese tiempo logró hacerse con una cantidad de 12.613 euros.
