El Ayuntamiento de Santiago de Compostela pagará los gastos de un letrado para defender a la representación de funcionarios municipales y cargos investigados en una de las piezas separadas de la denominada operación Pokemon que finalmente fue archivada.
Así lo ha indicado el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, en una conferencia de prensa en que ha justificado esa media como consecuencia de la instrucción de las causas de la citada operación sobre supuestas irregularidades en concesiones públicas a empresas privadas.
El Ayuntamiento destinará con cargo a los remanentes entre 200.000 y 300.000 euros a los gastos de defensa legal de los funcionarios y cargos municipales cuya imputación fue posteriormente archivada.
Tres de los cinco concejales afectados ya han solicitado este pago por parte del Ayuntamiento.
"Cuando un cargo público es imputado, si no se acredita ninguna actividad delictiva, la Administración debe ampararlo, pues sino la mayoría acabarían arruinados", ha señalado Bugallo.
