lunes. 07.10.2024

La Xunta de Galicia ha ordenado el cierre cautelar de las viviendas comunitarias Burón I y II y el traslado de todas las personas mayores que residían en esas instalaciones, ubicadas en el municipio lucense de A Fonsagrada, después de la inspección motivada por un informe que fue remitido por los servicios sociales municipales a raíz de la existencia de supuestos malos tratos en la residencia.

 

Los servicios sociales del Ayuntamiento de A Fonsagrada remitieron un informe a la Fiscalía y a la Xunta de Galicia para alertar sobre la existencia de supuestos malos tratos en una residencia privada de ese municipio lucense, después de la denuncia que realizó una persona de forma "anónima", acompañada "de material fotográfico".

 

El alcalde de la localidad, Carlos López, precisó que los servicios sociales del Ayuntamiento de A Fonsagrada carecen de "competencias para intervenir" en este caso, porque se trata de una "residencia privada", de modo que el Ayuntamiento, después de ver las imágenes aportadas por el denunciante, tomó la decisión de poner el caso en conocimiento del ministerio público y de la Consellería Política Social.

 

Después de esa denuncia, inspectores de la Xunta de Galicia, acompañados por agentes de la Guardia Civil, que acudieron para prestar apoyo, realizaron ayer por la noche una inspección que se prolongó "durante varias horas".

 

Fuentes de Política Social consultadas por EFE confirmaron que, al ver el estado en el que se encontraban los 29 residentes, se tomó la decisión de clausurar de forma inmediata las instalaciones y de reubicar a todos los ancianos. Los mismos informadores indicaron que la Xunta de Galicia, al tener conocimiento de esta situación, actuó con la mayor celeridad posible para garantizar que las personas mayores "que eran usuarias de estos centros" puedan disfrutar lo antes posible de los cuidados que necesitan.

 

De hecho, esas personas están siendo trasladadas a lo largo del día de hoy al HULA para ser sometidas a una revisión médica que determine su estado de salud. Además, la Consellería de Política Social se puso en contacto con el alcalde del municipio para informarlo de la situación y tenerlo al corriente de lo sucedido. La Xunta de Galicia también ha remitido un informe a la Fiscalía sobre los hechos "constatados" en estos centros por sus inspectores, por si "pudiesen ser constitutivos de ilícito penal".

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