Los padres de un niño diagnosticado desde 2014 de Asperger -un trastorno del espectro del autismo (TEA)-, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) asociado, que tiene reconocida una discapacidad del 33%, han denunciado la actitud la “discriminación” a la que ha sido sometido este curso su hijo, que necesita atención a la diversidad.
En rueda de prensa, la madre del adolescente recordó que su hijo cursa primero de Bachillerato en el IES Basanta Silva de Vilalba y que siempre tuvo “un buen rendimiento académico”, hasta el punto de que recibió “el Premio al Esfuerzo en la ESO”, sin adaptaciones significativas, simplemente metodológicas, pero “nunca de contenidos”.
Sin embargo, durante este curso, uno de los docentes del centro, precisó la madre, se negó a “llevar a cabo las medidas de atención a la diversidad” pautadas para que su hijo pudiese seguir las clases y continuar con los estudios al nivel de sus compañeros de curso.
Según los padres, ese profesor “prejuzgó desde el inicio del primer trimestre su capacidad”, con afirmaciones como “va a tener muchas dificultades”, además de una “nula planificación de los trabajos encomendados” y de “minusvalorar al alumno”.
Pasada la primera evaluación, comprobaron que la calificación en su materia había bajado a causa de “aspectos que son propios de su diagnóstico”, de modo que el alumno fue “penalizado” por “no planificar, no resolver sus propios problemas, despistarse con mucha frecuencia, preguntar muchas veces, llegar tarde, canturrear o hablar solo”.
“Fue penalizado, en definitiva, por cuestiones inherentes a su condición de persona con autismo”, insistió la madre.
En varios correos remitidos a los padres durante la segunda evaluación, denunció Margarita Prieto, aludió a su hijo con expresiones como “su manera es muy poco eficiente”, la “presentación en sí es un desastre”, “me contesta que sí, pero es mentira”, “le he tenido que llamar la atención varias veces” o “debería evitar hablar solo y cantar en clase, porque rompe la concentración tanto del profesor como de sus compañeros”.
Al considerar que “la actitud” del docente se apartaba “de la guía de pautas y orientaciones” del departamento de Orientación de la propia Consellería de Educación, los padres presentaron varias quejas ante la Inspección Educativa de Lugo, donde, tras exponer lo sucedido, se les propuso la incorporación de otro profesor al aula para tratar de corregir esta situación.
Sin embargo, ese docente no llegó a incorporarse e incluso se les sugirió a los padres, según su versión, que la posibilidad de disponer de ese profesor pasaba por la “renuncia” por su parte “a ejercer cualquier tipo de reclamación ante la Inspección”.
“Se nos dijo que el beneficio de denunciar la situación sería cero para el alumno. Llegaron a afirmar que en el próximo curso los profesores no aceptarían darle clase”, añadió Margarita.
Finalmente, los padres presentaron denuncia ante la Inspección Educativa el 16 de mayo, para que se investigue lo sucedido, al considerar que tanto el docente como el propio centro “incumplieron sus obligaciones”.
La madre reconoció que los problemas comenzaron en noviembre”, pero finalmente se decidieron a denunciar esta situación en este momento, cuando falta poco para finalizar las clases, porque les preocupa “mucho” lo que “puede suceder el curso que viene”.
Recuerda, asimismo, que en todos los años que lleva escolarizado su hijo, nunca antes habían “presentado reclamación alguna, ni de notas ni de otro tipo”. También destacó que el adolescente “no es conflictivo” ni presenta “problemas de conducta”.
“Pensamos que hay líneas rojas que, por responsabilidad, no debemos permitir que se crucen”, concluyó.