sábado 27/11/21
Juicio / multas

El fiscal no apreció un "móvil económico" en la supuesta retirada de multas

El fiscal que se hizo cargo de la acusación pública en el juicio por la supuesta retirada irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo no apreció la existencia de un "móvil económico" o voluntad de "enriquecimiento" personal por parte del exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, o del que fuera jefe provincial de Tráfico, Julio González.

El fiscal que se hizo cargo de la acusación pública en el juicio por la supuesta retirada irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo no apreció la existencia de un "móvil económico" o voluntad de "enriquecimiento" personal por parte del exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, o del que fuera jefe provincial de Tráfico, Julio González.


El teniente fiscal de Lugo, Jesús Álvarez, afirmó en el relato de sus conclusiones definitivas que tan sólo ocho expedientes fueron archivados sin que hubiese una orden por parte de quien entonces era subdelegado del Gobierno.


En cuanto a la relación entre Otero y González, aunque la Dirección General de Tráfico es un "organismo autónomo", recordó que el subdelegado del Gobierno hizo "una propuesta" para el nombramiento del segundo como jefe provincial, por lo que "podía ser una circunstancia a tener en cuenta para una cierta dependencia hacia quien propuso su nombramiento.


En todo caso, aunque reconoció que "es evidente que se ha producido un perjuicio público" que obliga a reclamar la "responsabilidad civil", también matizó que "hay que reafirmar que ninguno de ellos se llevó ni un euro al bolsillo", por lo que en su forma de proceder no se aprecia "ánimo de enriquecimiento" personal ni "un móvil económico".


En cuanto a la situación de la jefa de Sanciones, añadió que María Consuelo Fernández, tuvo que ver "resoluciones de sanciones que luego se archivaban", algo que "llama poderosamente la atención" y que "es una ilegalidad tan visible" que acabó por convertirse en "colaboradora necesaria" para un delito de falsedad.


El fiscal subrayó que "la prueba documental forma parte del núcleo" de la causa juzgada, porque en ella figuran las "anotaciones" que realizaban los funcionarios imputados para proceder el supuesto sobreseimiento irregular de las sanciones.


En ese sentido, hizo referencia al empeño exhibido por la defensa para anular esa prueba documental, dado que en la testifical, tanto los acusados como los testigos que inicialmente estuvieron imputados por pedir la retirada de multas negaron haber solicitado esos favores a pesar de que nunca llegaron a pagar las sanciones impuestas.


"Parece que a todos les ha tocado la lotería", añadió el fiscal, quien también dijo que la declaración de algunos de los imputados "no acaba de convencer", de ahí que sigan imputados en las conclusiones finales.


En el caso de los imputados por tráfico de influencias, precisó que se mantuvo la acusación contra aquellos acusados que realmente tenían capacidad "de presión" para pedir que les retirasen las sanciones y que se encontraban, por razones como el ejercicio de su cargo, en una situación que les daba "facilidad" para poder ejercerla.  

El fiscal no apreció un "móvil económico" en la supuesta retirada de multas
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