El ministerio fiscal ha calificado como un "completo montaje" el plan supuestamente urdido por una pareja, un hombre y una mujer, para estafar a una tercera persona -otra mujer- que padece "un trastorno límite de la personalidad" y quedarse con 5.500 euros de su propiedad. Este juicio ya había sido aplazado en dos ocasiones, los días 27 de mayo y 30 de septiembre de 2015, y hoy sólo se sentó en el banquillo de los acusados la mujer, dado que el otro procesado ya ha fallecido.
Según el fiscal, ambos actuaron "de común acuerdo" para elegir a una víctima "vulnerable" y además "con dinero", de modo que el hombre se acercó a ella con una "especie de abordaje sentimental" e incluso llegó a entablar una "relación" con la misma para ganarse su confianza. Posteriormente, en "un plan" trazado "con dos movimientos", hizo su aparición la acusada para ofrecerle a la víctima una inversión supuestamente "muy rentable", destinada para personas de "alto poder adquisitivo".
En la vista oral, el fiscal aclaró que la acusada, cuando se descubrió "toda esta patraña", afirmó que el dinero supuestamente estafado era para "la explotación de un balneario", algo que el ministerio público calificó como "una mentira como la copa de un pino", dado que montar un establecimiento de este tipo no es como montar "un quiosco de chocolatinas".
En el juicio, la acusada se negó a prestar declaración, porque dijo que no se encontraba en "condiciones", pero su abogada defensora negó los hechos que se le imputaban y pidió la libre absolución. Aseguró que ninguna de las acusaciones quedó debidamente acreditada en el proceso de instrucción, dado que la víctima sólo prestó declaración "en sede policial".
El fiscal justificó la ausencia de la víctima en el acto de juicio oral porque se encuentra en un "estado psicológico deplorable" y, en este caso, "lo importante es preservar la vida y la integridad física" de esta persona. En cualquier caso, afirmó que existe "prueba más que suficiente" para mantener la acusación y elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, de modo que pidió para la acusada una pena de tres años de prisión, el reintegro del dinero supuestamente estafado a su propietaria y una multa de 2.400 euros.
