miércoles 26/1/22

El TSJG acuerda abrir la causa contra Val Alonso por el caso de las multas en Lugo

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha acordado abrir el sumario contra el diputado autonómico del PSdeG-PSOE José Ramón Val Alonso por su implicación en el caso de la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha acordado abrir el sumario contra el diputado autonómico del PSdeG-PSOE José Ramón Val Alonso por su implicación en el caso de la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo. Según informa el propio TSGG, la incoación de este sumario se produce para "investigar si los hechos relatados" en "la exposición remitida por el Juzgado de instrucción número 3 de Lugo", que dirige Estela San José Asensio, "pueden ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias.

 

La apertura de ese sumario fue acordada por la sala de lo civil y penal el pasado 6 mayo, pero no ha sido comunicada hasta ahora porque contra ese auto del TSJG fue presentado un recurso, que ha sido finalmente desestimado. Val Alonso figuraba en la lista de 24 imputados en el macroproceso judicial por la supuesta retirada irregular de multas, pero unos dos meses antes de la fecha fijada para la vista oral remitió un escrito a la Audiencia provincial de Lugo, donde se celebró el juicio contra los demás acusados, para informar de su condición de diputado autonómico.

 

El parlamentario socialista comunicó su condición de aforado porque cuando prestó declaración por pedir, supuestamente, la retirada de una multa todavía no era diputado, sino que ejercía como delegado de la Consellería de Pesca en Lugo. La parte de la causa que le afecta a él fue remitida al TSJG para su resolución, dado que el fiscal pide para el diputado socialista un año y tres meses de cárcel por un supuesto delito de tráfico de influencias, así como una multa de 600 euros y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público. Los demás imputados en el caso de las multas fueron juzgados recientemente en la Audiencia provincial de Lugo. En la vista oral, la Fiscalía rebajó en sus conclusiones definitivas las penas que pedía inicialmente tanto para el exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, como para el exjefe provincial de Tráfico, Julio González. En el caso de Otero, aunque inicialmente pedía para él siete años de prisión y veintidós de inhabilitación para ejercer como cargo público, en sus conclusiones definitivas, el fiscal apreció varias "circunstancias atenuantes", así como el hecho de que presentase ante la sala "escritos en orden a satisfacer la responsabilidad civil" de los hechos que se le "imputan".

 

Finalmente, el fiscal solicitó para el exsubdelegado del Gobierno un año y tres meses de prisión, por los delitos de falsedad y tráfico de influencias, así como cuatro años y cuatro meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública o de cualquier cargo, por los delitos de prevaricación, falsedad y tráfico de influencias. Asimismo, la Fiscalía pidió para Otero el pago de una multa de 750 euros. Para González, aunque inicialmente solicitaba cuatro años y nueve meses prisión, finalmente el fiscal solicitó en sus conclusiones definitivas una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de falsedad y nueve de inhabilitación para ejercer como funcionario de la Dirección general de Tráfico, por esa misma imputación y por un delito continuado de prevaricación.

 

En el caso de la funcionaria que ejercía como jefa de la unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño, que se enfrentaba inicialmente a una pena de cuatro años y seis meses de cárcel, la Fiscalía pidió tres años de prisión y dos de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de falsedad.

 

En cuanto a la responsabilidad civil de los tres acusados, la Fiscalía determina que Otero, González y Fernández "deberán pagar a partes iguales y solidariamente" la cantidad de 27.408 euros a la Administración del Estado. Por delitos de tráfico de influencias, el Fiscalía solicitó tres meses de prisión para el que fuera concejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y para exdelegado de Cultura de la Xunta en la época del Gobierno bipartito, Juan José Molina, así como el pago de una multa de 300 y 100 euros, respectivamente.

 

Para el alcalde de Muras, Issam Al Nagm, y para el exalcalde de Meira, Antonio de Dios, pidió seis meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público, por un delito de tráfico de influencias, así como el pago de una multa de 380 y 600 euros, respectivamente.

El TSJG acuerda abrir la causa contra Val Alonso por el caso de las multas en Lugo
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