El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por la Diputación de Lugo contra el decreto de la Xunta de marzo de 2012, por el que se regula la prestación de servicios sociales comunitarios y su financiación La sentencia, además, sostiene que la "Diputación demandante y la Administración autonómica" mantienen "lecturas sesgadas y parciales" del citado decreto.
En ese sentido, precisa que "para la Diputación de Lugo supone atribuir" de forma "exclusiva" la responsabilidad de mantener los servicios sociales comunitarios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, "liberando de esta responsabilidad a la Xunta", mientras que la Administración autonómica estima que el "decreto conduce a la aplicación de criterios excluyentes de cofinanciación" con la institución provincial. Por ello, la sentencia también subraya que "el decreto precisa la responsabilidad de financiación preferente y directa de las Diputaciones", pero "no impone la plena, exacta y exclusiva cobertura" de los gastos a las instituciones provinciales, "cerrando el paso o prohibiendo la colaboración de la financiación autonómica".
Precisa, por lo tanto, que "no supone imponer la exclusiva y excluyente financiación de los servicios comunitarios básicos" en los municipios de menos de 20.000 habitantes a las diputaciones, sino "sencillamente hacer descansar primordialmente el peso financiero de los mismos" en las instituciones provinciales. De ese modo, también matiza que "la colaboración de la Xunta de Galicia" no "se limita al mero conocimiento de los programas de cooperación económica con las entidades locales que elaboren las diputaciones provinciales en esta materia", sino que debe "canalizarse mediante acuerdos o convenios" bajo "los principios de buena fe y lealtad institucional".
Acuerdos que "den respuesta", añade, "a la utilización de fórmulas cooperativas para sufragar los costes del servicio o que la Xunta pueda contribuir a la carga financiera propia de la Diputación". Para el vicepresidente de la Diputación de Lugo y responsable del área de Benestar, el nacionalista Antonio Veiga, al TSXG le da la razón a la institución provincial en sus pretensiones, aunque desestime el recurso, porque "considera una obligación legal que la Xunta cofinancie los servicios sociales en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".
Por ello, anunció que presentará "un nuevo recurso", porque ahora "habrá que aclarar cuanto tenía que tener aportado la Xunta desde 2012 para servicios sociales en la provincia de Lugo". "Es dinero que Feijóo debe a los lucenses, no a la Diputacion", concluyó.
