La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado anular todas las actuaciones incluidas en la llamada Operación Rei y archivar la causa para los ocho imputados. El tribunal entiende que el Juzgado de Instrucción Número 3 decidió en su día "de manera arbitraria" atribuirse la competencia para asumir la investigación a partir de unas diligencias relativas a delitos que no estaban relacionados.
En un auto, con fecha de hoy, la Audiencia Provincial da la razón a la defensa de los imputados, que en la vista previa celebrada la semana pasada solicitó la nulidad de todas las actuaciones, al entender que el Juzgado de Instrucción había realizado una investigación "prospectiva" a raíz de unas conversaciones telefónicas intervenidas en la llamada Operación Pollo, relativa a los derechos de los trabajadores.
En el citado auto, la Audiencia Provincial reconoce que "las diligencias iniciales que se seguían lo eran por un derecho contra los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros", pero la jueza instructora tomó la decisión de incoar una nueva causa por "delitos claramente distintos" y, además, "arrogándose la competencia" para investigarlos. La defensa del alcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, había argumentado en la vista previa que en la primera parte de la causa ya se encontraba motivo "evidente" y "flagrante" de "nulidad", porque las diligencias comienzan a partir de un "hallazgo casual", en concreto de una conversación entre dos personas con contenido "en apariencia delictivo".
Según defendió el abogado del alcalde, Jesús Amarelo, la jueza instructora dictó a raíz de esa conversación la apertura de un procedimiento "por un supuesto delito contra la ordenación del territorio", una nueva causa en la que los dos protagonistas de esa escucha telefónica "ni siquiera fueron llamados a declarar".
A su juicio, la jueza instructora se atribuyó "la competencia" para investigar esos supuestos hechos delictivos y actuó con "arbitrariedad", puesto que no existe conexión entre los delitos que motivaron las escuchas telefónicas y el nuevo procedimiento abierto, que debería haber ido al decanato para su posterior reparto entre los juzgados de Instrucción de Lugo. Posteriormente, según la defensa, "a sabiendas de que no había ninguna conducta" que encajase en la definición de "delito contra la ordenación del territorio", la jueza instructora "abandona" esa línea de investigación, pero mantuvo durante más de un año las escuchas telefónicas hasta que encontró indicios de lo que consideraba otro tipo de delitos. En el auto que determina el archivo de la causa, la propia Audiencia reconoce que la jueza abrió "una nueva causa por delitos claramente distintos de los relativos al derecho de los trabajadores" y "respecto de unas personas distintas de las que se venían investigando".
"Así hemos de ver que la instructora parte de la falta de conexidad de ambas actuaciones y, sin embargo, decide, de manera arbitraria y arrogándose la competencia, el asumir ella la investigación de esa causa, nueva y distinta", sostiene la sala. En la misma línea, la Audiencia Provincial sostiene que "se ha de poner coto a tal práctica", o lo que es lo mismo, a la decisión de asumir "de manera arbitraria las causas que sean de su interés" y derivar "a reparto las que no lo considere". Por ello, entiende que es una "consecuencia ineludible" de esa misma práctica, la de decretar la nulidad de las actuaciones, "lo que implica la nulidad de las pruebas obtenidas y, por ello, la imposibilidad de su aplicación".
Según la Audiencia, "todas las pruebas presentadas fueron obtenidas de modo procesalmente irregular", dado que tienen su origen "en intervenciones telefónicas mantenidas de forma irregular por un órgano judicial que ya no debía de conocer el asunto". La sala acuerda la nulidad de las actuaciones desde el auto del 19 de agosto de 2008 y por lo tanto decreta "el sobreseimiento y archivo de la causa respecto a todos los acusados, entre los que figuraba el exalcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, que presentó su dimisión a raíz de este caso.
También se archiva la causa contra tres concejales de su gobierno municipal, Roberto Lorenzo, Antonio Balado y Ana María Canto, así como contra el funcionario Óscar Expósito; la secretaria municipal, María Josefa Fernández; el arquitecto Manuel César Vilas y el empresario Manuel Blanco Trigo. La Operación Rei, que investigaba la supuesta adjudicación irregular de obras públicas, supuso en su día la detención de una decena de personas y la entrada y registro en el Ayuntamiento de Castro de Rei.
