martes 24/5/22
Operación Muralla

La Audiencia fija el juicio de la Operación Muralla para los días 3, 4 y 5 de febrero

La Audiencia Provincial de Lugo ha fijado para los días 3, 4 y 5 de febrero el juicio de la llamada Operación Muralla, que iba a celebrarse inicialmente entre los días 17 y 19 de septiembre pero fue suspendido por los problemas de salud del que fuera presidente de la Diputación, Francisco Cacharro Pardo, que tuvo que ser hospitalizado.

La Audiencia Provincial de Lugo ha fijado para los días 3, 4 y 5 de febrero el juicio de la llamada Operación Muralla, que iba a celebrarse inicialmente entre los días 17 y 19 de septiembre pero fue suspendido por los problemas de salud del que fuera presidente de la Diputación, Francisco Cacharro Pardo, que tuvo que ser hospitalizado.

 

La propia Audiencia tomó la decisión de suspender el juicio después de haber recibido el "correspondiente certificado médico", que acreditaba que Cacharro Pardo se encontraba ingresado en una clínica de la ciudad de Lugo. Cacharro Pardo se sentará en el banquillo de los acusados para responder por lo que el ministerio fiscal calificó como "groseras ilegalidades" en la adjudicación de trabajos de ingeniería y dirección de obras.

 

Junto a Cacharro Pardo se sentarán como acusados José Manuel Romay López, el que fuera ingeniero jefe del servicio de Vías Obras de la Diputación de Lugo entre los años 1982 y 2005, y José Enrique Cacicedo, socio de la empresa que fundó el primero y que, supuestamente, se benefició de la adjudicación de decenas de contratos de la institución provincial.

 

El ministerio fiscal les imputa a los tres un delito continuado de prevaricación y otro de fraude a la Administración o, alternativamente, de negociaciones prohibidas a funcionarios.

 

Para los tres acusados, el ministerio fiscal solicita por el delito de prevaricación una pena de diez años de inhabilitación, así como tres años de prisión y otros diez de inhabilitación por fraude a la Administración. En caso de que el juzgado estimase que lo que hubo fueron negociaciones prohibidas a funcionarios, pide por ese delito cuatro años de inhabilitación y una multa de 108.000 euros.

La Audiencia fija el juicio de la Operación Muralla para los días 3, 4 y 5 de febrero
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