La Audiencia Provincial de Lugo ha comunicado hoy que queda suspendido el juicio de la llamada Operación Muralla, que iba a celebrarse esta misma semana -entre los días 17 y 19 de septiembre-, porque "uno de los imputados se encuentra hospitalizado", en concreto el que fuera presidente de la Diputación Provincial de Lugo, Francisco Cacharro Pardo.
La propia Audiencia confirmó que se ha tomado esta decisión después de haber recibido el "correspondiente certificado médico", que acredita que Cacharro Pardo se encuentra ingresado desde la semana pasada en una clínica de la ciudad de Lugo a causa de problemas de salud. De momento, la sala no ha señalado nueva fecha para la celebración del juicio.
Cacharro Pardo iba a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por lo que el ministerio fiscal calificó como "groseras ilegalidades" en la adjudicación de trabajos de ingeniería y dirección de obras. Junto a Cacharro Pardo se sentarán como acusados José Manuel Romay López, el que fuera ingeniero jefe del servicio de Vías Obras de la Diputación de Lugo entre los años 1982 y 2005, y José Enrique Cacicedo, socio de la empresa que fundó el primero y que, supuestamente, se benefició de la adjudicación de decenas de contratos de la institución provincial.
El ministerio fiscal les imputa a los tres un delito continuado de prevaricación y otro de fraude a la Administración o, alternativamente, de negociaciones prohibidas a funcionarios. Para los tres acusados, el ministerio fiscal solicita por el delito de prevaricación una pena de diez años de inhabilitación, así como tres años de prisión y otros diez de inhabilitación por fraude a la Administración.
En caso de que el juzgado estimase que lo que hubo fueron negociaciones prohibidas a funcionarios, pide por ese delito cuatro años de inhabilitación y una multa de 108.000 euros.
Según el escrito de acusación, al que EFE ha tenido acceso, José Manuel Romay "ideó la constitución de la sociedad" Senén Prieto Ingeniería "con el propósito de obtener un beneficio económico derivado de la externalización de trabajos de ingeniería de redacción de proyectos y de dirección de obras".
"Para ello redactó, en fecha de 15 de junio de 1983, meses antes de la constitución de la sociedad, un escrito que dirigió al presidente" de la Diputación, Francisco Cacharro, en el que "le ponía de manifiesto la insuficiencia de medios personales en el servicio de Vías y Obras para afrontar tales trabajos".
Además, el ministerio público sostiene que "con el fin de burlar la legislación sobre incompatibilidades y obtener la adjudicación de los aludidos contratos, en fraude para la Diputación Provincial", José Manuel Romay realizó una "transmisión aparente" de sus participaciones en la empresa a su esposa.
"La segunda parte del fraude ideado consistió en que José Enrique Cacicedo, en nombre propio, fuese quien optase a los distintos contratos licitados por la Diputación de Lugo de consultoría y asistencia para la redacción de proyectos de obras y de asistencia técnica", añade. Así, entre los años 2000 y 2006, la Diputación de Lugo le adjudicó a esa empresa de consultoría, a través de José Enrique Cacicedo, un "total de 102 contratos de consultoría".
El fiscal sostiene que Cacharro Pardo era "perfecto conocedor no sólo de la incompatible relación de su jefe de Vías y Obras" con la citada sociedad, "sino también de la maniobra fraudulenta urdida por José Manuel Romay".
De hecho, sostiene en su escrito de acusación, las adjudicaciones investigadas "fueron efectuadas por los cauces del proceso negociado sin publicidad", procedimiento escogido por el propio Cacharro Pardo para "dotar de una apariencia de legalidad a las adjudicaciones". Sin embargo, era el propio Cacharro Pardo quien "decidía a quién invitar y a quién contratar" mediante "decretos correspondientes".
El fiscal sostiene que "por su formación y conocimiento", Cacharro Pardo "había de tener conocimiento inexcusable" de "las groseras ilegalidades desde el punto de vista administrativo en la tramitación de los expedientes".
