La sala ha desestimado las cinco causas de nulidad invocadas por la defensa del que fuera jefe provincial de Tráfico, Julio González, en el transcurso de la vista oral por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, de modo que también rechazó la posible suspensión del juicio.
Después de que una docena de abogados se sumasen a las causas de nulidad invocadas por la defensa de Julio González, y de que el fiscal expusiese sus argumentos para ir desmontándolas, una por una, la sala se retiró a deliberar durante unos minutos y tomó la decisión de proseguir con el juicio y rechazar la suspensión del proceso, que comenzó esta mañana en la Audiencia Provincial de Lugo. Antes de entrar a la sala de vistas, la abogada de Julio González, Esperanza Ferreiro, explicó que la defensa advertía "varios motivos de nulidad", entre ellos que la "entrada y registro" en la Jefatura de Tráfico se hizo con su cliente "como testigo" y no "como imputado".
"Toda prueba viene de ahí, y es una prueba preconstituida, que envenena el resto de la prueba", explicó la letrada a los medios de comunicación, además de aclarar que, desde su punto de vista, la causa presenta "unos cuantos" defectos de forma. "La prueba en la que se basa la acusación fue recogida en unas diligencias penales en las que él no estaba como imputado", insistió, por lo que Julio González no tuvo oportunidad de defensa o contradicción y esa situación contamina el resto de la instrucción.
"La única prueba de carga que tiene el ministerio público es esa prueba documental", precisó. Dentro el juicio, la letrada, además de exponer esos argumentos, afirmó que se ha vulnerado de forma flagrante el derecho de defensa de su patrocinado y también su presunción de inocencia.
Por su parte, el fiscal encargado del caso, Jesús Álvarez, intentó desacreditar todas esas causas de nulidad y dijo que la defensa está utilizando todos los procedimientos a su alcance para tratar de conseguir la suspensión del juicio. Después de exponer su decisión sobre las cuestiones previas formuladas por la defensa de los 23 imputados, los magistrados que presiden la sala tomaron la decisión de suspender la vista hasta las cinco de la tarde, hora en la que comenzarán los interrogatorios a los imputados.
El primero en prestar declaración será el que fuera subdelegado del Gobierno, Jesús Otero; seguido del exjefe provincial de Tráfico, Julio González, y de la jefa de la Unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño. El fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.
Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.
