El letrado que representa a la exsecretaria del Ayuntamiento de Pol, Gerardo Pardo de Vera, ha presentado hoy dos grabaciones en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo en las que, supuestamente, el alcalde de la localidad, Lino Rodríguez Ónega, "coacciona claramente" a la funcionaria para que "deje su plaza" en el Ayuntamiento.
Se lo confirmó a EFE el propio letrado, después de que esta mañana prestasen declaración como testigos catorce personas, entre concejales y trabajadores municipales, en la causa que se sigue por un supuesto caso de acoso laboral por parte del alcalde de Pol a la ex secretaria municipal. Pardo de Vera explicó que fueron citados para prestar declaración hoy como testigos "todos los concejales" y "todos los empleados del Consistorio" que, de forma directa o indirecta, pudieron ver la "situación de acoso y humillación" a la que fue sometida la exsecretaria municipal "durante todo el tiempo en el que estuvo trabajando en el Ayuntamiento".
Aunque de esos testimonios, finalmente, no se puede inferir esa supuesta relación de acoso, el letrado recordó que, además de las grabaciones, hay pruebas que sustentan esa acusación, como "documentos, como escritos cruzados o expedientes de reducción de nómina injustificados". Desde su punto de vista, "las pruebas son muy claras", algo que "no es lo común en una situación de acoso".
En este caso, aclaró, "no todas las pruebas se proyectan sobre testimonios, sino que hay documentos más que de sobra para afirmar que existía esa relación de hostilidad continuada" por parte del alcalde. De hecho, recordó que "la comunicación entre alcalde y secretaria, por iniciativa del primero, era siempre por escrito", de modo que ese supuesto acoso "ha quedado reflejado ahí".
"Pero es que además existen otra serie de pruebas, como son los expedientes de contrataciones supuestamente irregulares o las concesiones ilegales de licencias de obra, que no son más que las razones de acoso, por negarse la secretaria a pasar por las manifiestas ilegalidades del alcalde", matizó.
Rodríguez Ónega negó, cuando tuvo conocimiento de su imputación, que hubiese sometido a la antigua secretaria municipal a cualquier tipo de "acoso laboral", por lo que dijo tener "la conciencia tranquila". De hecho, el alcalde afirmó que "no hay en el Ayuntamiento ninguna persona quejosa, salvo ella", con la que el propio regidor local no oculta que hubo varios desencuentros motivados por discrepancias entre ambos sobre la forma de realizar su trabajo. Sin embargo, Pardo de Vera indicó que la investigación es "una consecuencia necesaria de la declaración de esta persona", que "en febrero de 2015 denunció un bestial acoso por parte del alcalde desde que comenzó su trabajo".
"Fue un acoso, además, consumado, porque esta persona decidió renunciar a la plaza que tenía en propiedad en ese municipio", añadió. Según el letrado, "el motivo de ese acoso no ha sido otro que el recto cumplimiento de sus funciones como supervisora de la legalidad, poniendo reparos presupuestarios y de legalidad a una arbitraria actuación del alcalde, que parece confundir la legitimidad de haber sido votado mayoritariamente con la falta de sometimiento al imperio de la ley".
