viernes. 07.10.2022
Polémica por las multas

Los primeros testigos niegan que hubiesen intercedido para sacar multas

Los primeros testigos que hoy prestaron declaración en la Audiencia de Lugo en el juicio que se está celebrando por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico, negaron ante la sala que hubiesen intercedido ante el exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, o ante cualquier otra persona para que les quitasen sanciones a alguno de los 23 imputados.

Los primeros testigos que hoy prestaron declaración en la Audiencia de Lugo en el juicio que se está celebrando por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico, negaron ante la sala que hubiesen intercedido ante el exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, o ante cualquier otra persona para que les quitasen sanciones a alguno de los 23 imputados.

 

Antes de entrar en la sala vistas, la letrada que se ocupa de la defensa del que fuera jefe provincial de Tráfico, Julio González, precisó que "casi todos ellos declararon como imputados, inicialmente, por constar su nombre en alguna de las multas retiradas", aunque "después no se logró demostrar" que intercediesen de algún modo "ni ante Jesús Otero ni ante Julio -González", por lo que "vienen de testigos".

 

La letrada expresó su confianza en que todos los testigos se "ratifiquen en sus declaraciones previas", aunque también advirtió de que "como hubo una o dos personas que se conformaron con la pena del fiscal", la declaración del imputado "puede ser contradictoria" con la de "la persona que presuntamente utilizaron para interceder, como dice el ministerio público". "El resto se ratificará, simplemente", añadió la letrada.

 

La abogada defensora confirmó que para hoy fueron citados "27 testigos" y para mañana "otros tantos". El primero en prestar declaración ante la sala fue el alcalde de Pol, el socialista Lino Rodríguez Ónega, quien negó a preguntas del juez y del ministerio fiscal que hubiese intercedido para que le fuese retirada una multa por exceso de velocidad a un vecino de su municipio, que figura como imputado en la causa. El regidor local aseguró que se enteró de la existencia de esa sanción cuando fue "citado" en la causa y ante la sala afirmó que ni el propio imputado ni nadie de su familia le "hablaron nada" en relación con esa multa.

 

También prestó declaración esta mañana la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, que también negó que dos de los acusados se hubiesen puesto en contacto con ella para que hiciese gestiones con la finalidad de que les fuesen retiradas dos multas que les habían sido impuestas. Además, negó cualquier tipo de mediación para la retirada de sanciones de tráfico el que fuera responsable provincial de Deportes en tiempos del gobierno bipartito, Eduardo Fernández Abel, el cuarto en comparecer esta mañana como testigo ante la sala.

 

Entre los testigos citados hoy a declarar también figuraban los exalcaldes socialistas de Sarria y O Courel, Claudio Garrido y José López Fontal. En este proceso, el fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público. Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.

 

Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también solicita una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina. También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG, José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por tratarse de un aforado. La Audiencia reservó tres días de esta semana para concluir el juicio, que continuará mañana -día 27 de mayo-, a partir de las 10:00 horas.

Los primeros testigos niegan que hubiesen intercedido para sacar multas
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