sábado 12/6/21

Presidente de Alsa: Nicolás me dijo ser enlace entre el Gobierno y la Casa Real

El presidente de Alsa, Jorge Cosmen, ha asegurado ante el tribunal que juzga al Pequeño Nicolás que este se le presentó como enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real en la reunión que mantuvieron en Ribadeo (Lugo) en agosto de 2014.

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El presidente de Alsa, Jorge Cosmen, ha asegurado ante el tribunal que juzga al Pequeño Nicolás que este se le presentó como enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real en la reunión que mantuvieron en Ribadeo (Lugo) en agosto de 2014.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias se ha vuelto a sentar este martes en el banquillo ante el tribunal de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de hacerse pasar por un cargo relacionado con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real para organizar el encuentro con este empresario en 2014.

Está acusado de delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo, por los que la Fiscalía pide siete años de prisión para él. Ayer, declaró que no pretendía hacerse pasar por una autoridad, sino que solo fingió ser una persona importante para sentirse "poderoso".

Pero el presidente de Alsa ha dejado claro que el joven sí se hizo pasar por el enlace entre el Ejecutivo y la Corona, hasta el punto de que recibió una llamada durante la comida a la que contestó diciendo "vicepresidenta”, en una presunta referencia a Soraya Sáenz de Santamaría.

"En Ribadeo, Gómez Iglesias menciona el cargo enlace entre Vicepresidencia y Casa Real. Su conversación era grandilocuente, hablaba de muchos temas, pero no tenían conexión. Me habló de la política de Obama, del caso catalán, del ébola…", ha declarado Cosmen en calidad de testigo.

Cosmen también ha explicado que llamó a Vicepresidencia del Gobierno y a Casa Real tras la reunión con Gómez Iglesias y le confirmaron que "no le conocían". Enfadado, envió un mensaje al acusado que versaba: "Mucho ruido, pocas nueces".

En relación a la comitiva de escoltas y coches de apariencia oficial que acompañaban al Pequeño Nicolás, ha señalado que le pareció "un circo", ya que "esas caravanas no se ven ni en Madrid cuando viene un jefe de Estado".

El fiscal detalla en su escrito de acusación que el 13 de agosto de 2014 ambos almorzaron en un restaurante de Ribadeo, un encuentro al que, según el acusado, "asistiría una persona muy importante de la Casa Real", algo que nunca ocurrió.

"Algunos días antes recibí una llamada suya. No me vio muy convencido de asistir a la comida y me llamó para decirme que vendría alguien muy importante de la Casa Real”, ha relatado el testigo.

Al empresario le sorprendió esta afirmación, pero al llamar al restaurante del Club Náutico en el que comieron le confirmaron que existía una reserva para “un miembro muy importante de Casa Real”, por lo que le creyó.

En este juicio también están procesados el cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge G. H., y el policía municipal de Torrijos (Toledo) Carlos P. L. D, que acompañaron a Gómez Iglesias en su viaje a Ribadeo. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de cinco años y medio de prisión por parte del fiscal.

Según el Ministerio Público, el Pequeño Nicolás les contactó previamente para pedirles que le proporcionaran los medios necesarios para hacerse pasar por un cargo público, todo a cambio de una gratificación por sus servicios.

Los escoltas y conductores que también participaron en la comitiva han coincidido al narrar cómo Jorge extrajo una bolsa negra de la sede del Ayuntamiento de Madrid, donde trabajaba como responsable de seguridad, de la que sacó “pinganillos y rotativos policiales” que se utilizaron durante el trayecto.

Contradiciendo la declaración del agente municipal de Madrid, los testigos han afirmado que este portaba un arma de fuego y que era el encargado de dar todas las indicaciones de seguridad en la comitiva.

La acusación popular que ejercen la Asociación Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos solicita once 11 años de cárcel para el Pequeño Nicolás; la Abogacía del Estado, 21 meses de prisión y una multa, y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de cárcel. 

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