La vista oral del juicio el expropietario de un pub de la localidad lucense de Chantada acusado de una agresión sexual en 2017, prevista para este miércoles, ha sido suspendida, informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
La suspensión obedece a una petición de la propia defensa que alega un "asunto médico", precisa el TSXG.
La Fiscalía pide diez años de cárcel para el acusado por una supuesta agresión sexual a una joven en el citado local la madrugada del 1 de octubre de 2017.
La víctima acudió en compañía de unos amigos al citado local de ocio nocturno en la localidad de Chantada, donde conversó con el hombre que regentaba el establecimiento y que había conocido un año antes.
Alrededor de las 07:00 horas de la madrugada, la mujer abandonó el establecimiento para regresar a su domicilio, pero poco después se percató de que había olvidado el teléfono móvil en el establecimiento, por lo que regresó a buscarlo.
Una vez dentro, preguntó al hombre que regentaba el local si había visto su móvil y este le respondió que sí, que estaba guardado en una cabina en la parte superior del local.
La víctima subió a la cabina, momento que el procesado aprovechó para cerrar la puerta del establecimiento, apagar las luces y "aprovechó la situación de superioridad por razón de edad y constitución física" para agredirla sexualmente.
El hombre es de "complexión muy fuerte" y la víctima, en cambio, de "naturaleza menuda", indica la Fiscalía.
Hacia las 08:20 horas, la víctima intentó llamar con su móvil para pedir ayuda, lo que hizo que el procesado la dejase abandonada en el local, después de abriendo la puerta de la cabina que previamente había cerrado con llave, y le pidió que "no lo denunciase".
Sin embargo, la mujer llamó inmediatamente a las autoridades para denunciar la agresión y contactó con varios amigos para contarles lo sucedido.
Posteriormente, presentó denuncia y el procesado fue detenido ese mismo día y puesto a disposición del Juzgado de instrucción de Chantada a la jornada siguiente, que decidió como medida cautelar prohibir que el acusado se acercase la víctima o se comunicase con ella por cualquier medio.
La Fiscalía pide para el acusado 10 años de cárcel por un delito de agresión sexual y, al cumplir ese periodo de reclusión, otros 8 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella durante otros 18 años.
También prevé la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del país, aunque debería cumplir en España al menos la mitad de la condena impuesta.
También solicita una indemnización de 15.000 euros por los daños morales causados a la víctima, que recibe tratamiento psicológico debido a la agresión.
