Una docena de abogados defensores se han sumado a la petición de nulidad y suspensión del juicio que presentó la representante legal del que fuera jefe provincial de Tráfico de Lugo, Julio González, en la vista por la supuesta retirada irregular de multas que comenzó esta mañana en la Audiencia de Lugo. Antes de entrar a la sala de vistas, la abogada de Julio González, Esperanza Ferreiro, explicó que la defensa advertía "varios motivos de nulidad", entre ellos que la "entrada y registro" en la Jefatura de Tráfico se hizo con su cliente "como testigo" y no "como imputado".
"Toda prueba viene de ahí, y es una prueba preconstituida, que envenena el resto de la prueba", explicó la letrada a los medios de comunicación, además de aclarar que, desde su punto de vista, la causa presenta "unos cuantos" defectos de forma. "La prueba en la que se basa la acusación fue recogida en unas diligencias penales en las que él no estaba como imputado", insistió, por lo que Julio González "no tuvo oportunidad de defensa o contradicción" y esa situación "contamina el resto de la instrucción".
"La única prueba de carga que tiene el ministerio público es esa prueba documental", precisó. Dentro el juicio, la letrada, además de exponer esos argumentos, afirmó que se ha vulnerado de forma flagrante el derecho de defensa de su patrocinado y también su presunción de inocencia. Por ello, llegó a invocar hasta cinco causas de nulidad en la vista oral. Por su parte, el fiscal encargado del caso, Jesús Álvarez, intentó desacreditar todas esas causas de nulidad y dijo que la defensa está utilizando todos los procedimientos a su alcance para tratar de conseguir la suspensión del juicio.
Un total de veintitrés imputados se sentaron esta mañana en el banquillo de los acusados, dentro del proceso judicial por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, en el que el exsubdelelegado del Gobierno en esta provincia, Jesús Otero, se enfrenta a una petición de pena por parte del ministerio fiscal de siete años de prisión. En el escrito de acusación, el ministerio público sostiene que "numerosas personas denunciadas por infracciones" de circulación les hicieron llegar a Jesús Otero y al exjefe provincial de Tráfico, Julio González, "documentación de los expedientes sancionadores en los que estaban incursos", con la "finalidad de eludir el cumplimiento de las sanciones".
El fiscal considera que ambos, con la colaboración de la responsable de la Unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño, retiraron multas o dejaron sin efecto su ejecución "sin fundamento alguno, caprichosa e injustificadamente, salvo el interés de beneficiar exclusivamente a las personas sometidas a los expedientes".
El fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público. Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.
Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también solicita una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina. También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG, José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por tratarse de un aforado.
