Una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, con iniciales María Carmen F.T, aceptó esta mañana una pena de año y medio de cárcel, así como una sanción de 1.620 euros por la retirada irregular de ocho multas a otros cuatro procesados por el mismo caso, a raíz de la amistad que mantenía con alguno de ellos. Inicialmente, la pena que pedía para ella el ministerio fiscal era muy superior, cinco años y seis meses de cárcel, así como una sanción económica de 7.920 euros, y la inhabilitación para ejercer empleo público durante un período de seis años, por los delitos de prevaricación y falsedad.
A raíz del acuerdo de conformidad alcanzado por la defensa con el ministerio público, el período de inhabilitación también se quedó en un año y cinco meses, pero sólo para trabajar en el departamento de Sanciones de cualquier jefatura provincial de Tráfico.
Además de la funcionaria, hoy se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo otros tres procesados que supuestamente se beneficiaron de la retirada irregular de multas de tráfico que les habían impuesto -había un cuarto, pero falleció antes de la vista oral-, sanciones por exceso de velocidad, por ir hablando por el móvil o por no llevar puesto el cinturón de seguridad.
Para los otros cuatro acusados, el ministerio público pedía condenas que sumaban, en total, cinco años y medio de prisión, en su caso por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero finalmente quedaron sentenciados a penas menores de cárcel, a sustituir por sanciones económicas.
Francisco P.M aceptó una pena total de seis meses de cárcel y una multa de ochocientos euros; Argimiro L.M se conformó con una pena de cuatro meses y medio de prisión y una multa de 120 euros, y José M.A con dos meses de reclusión. El abogado de la principal acusada, José Manuel Núñez-Torrón, subrayó que "ante la rebaja considerable de la pena interesada por el ministerio fiscal", consideró "oportuno" para su defendida "haber llegado a una conformidad", todo ello "sin perjuicio de resaltar su honestidad y de haber desempeñado de manera fiel su cargo de funcionaria en la Jefatura Provincial de Tráfico".
El letrado comentó que la pena de inhabilitación es "para un cargo concreto", de modo que podría seguir trabajando en la Jefatura Provincial de Tráfico, aunque no en el departamento de Sanciones.
Por su parte, Juan Carlos Fernández López-Abad, letrado de uno de los tres conductores procesados por la retirada de multas, explicó que "lo que se podía vislumbrar como un gran procedimiento, se ha quedado en un procedimiento relativamente liviano". "También es verdad que han pasado muchos años", observó, y "se aplican dilaciones indebidas muy cualificadas", de modo que las penas "bajan dos grados" y "estamos hablando de degradaciones de penas muy importantes", porque "han pasado ocho años de esto".
Según el letrado, hubo en este proceso "paralizaciones que no tiene mucha justificación". Según el escrito de acusación del ministerio público, los hechos sucedieron entre los años 2006 y 2008, cuando la funcionaria investigada supuestamente retiró las mencionadas multas con la disculpa de que los conductores habían formulado las correspondientes alegaciones y estas habían sido estimadas. Sin embargo, el ministerio público sostiene que esas alegaciones ni siquiera llegaron a ser presentadas.
Esta causa es conocida como la trama blanda de las multas, dado que por la retirada irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo ya se celebró otro juicio en la Audiencia Provincial, que acabó con la condena del ex subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, y del ex jefe provincial de Tráfico, Julio González.
