Un total de veintitrés imputados serán juzgados a partir del lunes en el proceso judicial por la supuesta retirada irregular de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, en el que el exsubdelelegado del Gobierno en esta provincia, Jesús Otero, se enfrenta a una petición de pena por parte del ministerio fiscal de siete años de prisión.
Según informaron a EFE fuentes judiciales, el juicio comenzará el próximo lunes -día 19 de mayo-, a las once de la mañana, y la vista continuará el martes y el miércoles -días 20 y 21-, en ambas jornadas a las 10:00 horas. Según la programación de la Audiencia Provincial, la vista oral se prolongará durante al menos seis días, de modo que se retomará, también a las once de la mañana, el lunes 26 de mayo, para continuar el 27. En principio, estaba previsto que la última jornada del juicio fuese el día 28, pero finalmente será el 29, como consecuencia de la reunión de la junta electoral por la celebración de los comicios europeos.
En el escrito de acusación, al que EFE ha tenido acceso, el ministerio público sostiene que "numerosas personas denunciadas por infracciones" de circulación les hicieron llegar a Jesús Otero y al exjefe provincial de Tráfico Julio González "documentación de los expedientes sancionadores en los que estaban incursos", con la "finalidad de eludir el cumplimiento de las sanciones".
El fiscal considera que ambos, con la colaboración de la responsable de la Unidad de Sanciones, María Consuelo Fernández Mouriño, retiraron multas o dejaron sin efecto su ejecución "sin fundamento alguno, caprichosa e injustificadamente, salvo el interés de beneficiar exclusivamente a las personas sometidas a los expedientes". Según el ministerio público, "convinieron la práctica" para "archivar los expedientes" mediante la anotación "Terminación por Sobreseimiento" en "la aplicación informática que registraba todos los pasos de cada uno de ellos".
De esa forma, "los expedientes en los que no hubiera recaído resolución, culminaban, material y formalmente, con esa decisión de fondo, que se plasmaba en el registro informático, en la que Julio González, como jefe provincial, y María Consuelo Fernández, como jefa del órgano instructor Unidad de Sanciones, intervenían". Por otra parte, en lo que se refiere a los expedientes que ya habían sido objeto de resolución sancionadora, "ésta se quedaba sin ejecutar", por orden tanto de Jesús Otero como del propio Julio González, "concertados en la mayoría de los casos". De ese modo, "resultaron sin ejecutar las sanciones ya acordadas, y también las propuestas, salvo en determinados casos en los que se hizo efectiva la sanción económica, omitiéndose el cumplimiento de la suspensión temporal del derecho a conducir".
El fiscal pide para Jesús Otero, a quien también le imputa un delito de prevaricación, cinco años de prisión por un delito continuado de falsedad documental y otros dos por tráfico de influencias, además de 22 años de inhabilitación para ejercer como cargo público. Para Julio González, solicita cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental cometida por funcionario público, mientras que María Consuelo Fernández Mouriño se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y seis meses de cárcel, también por falsedad documental. Para ambos, el fiscal también solicita su inhabilitación para ejercer como funcionarios de la Dirección General de Tráfico, por un delito continuado de prevaricación.
Por delitos de tráfico de influencias, el ministerio fiscal también solicita una pena de 1 año y 3 meses de prisión para los alcaldes de Muras, Isaam Al Nagm (PP), y Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo; así como para el exalcalde de Meira y concejal socialista, Antonio de Dios; el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Lugo, José Rábade, y el exdelegado provincial de Cultura, Juan José Molina. También le imputa un delito de tráfico de influencias al diputado autonómico del PSdeG, José Ramón Val Alonso, para quien pide una pena de 1 año y 3 meses de prisión, aunque su causa se dirimirá en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por tratarse de un aforado.
