El servicio de Vigilancia Aduanera realizó una investigación patrimonial sobre los bienes del alcalde de Lugo, José López Orozco, su mujer y sus dos hijas ante la sospecha de que pudiese estar implicado en un supuesto delito de blanqueo de capitales, según un informe de ese organismo.
El documento, incluido en la última entrega del sumario de la Operación Pokemon, a la que EFE ha tenido hoy acceso, los investigadores aprecian la existencia de "indicios racionales más que suficientes para considerar que el alcalde de Lugo" habría "colaborado de forma activa" con el grupo Vendex para la obtención y posterior ampliación del "contrato de la ORA" en esa ciudad.
Asimismo, los encargados del caso sospechaban de la "posible adjudicación irregular a la empresa Cechalva" del servicio de la grúa municipal, a cambio del "pago periódico de cantidades de dinero" o de "regalos a funcionarios o altos cargos públicos del Ayuntamiento de Lugo", entre los cuales "pudieran estar, entre otros", el propio alcalde.
La investigación está vinculada con la investigación de supuesto "blanqueo de capitales en el que presuntamente pudiera estar implicado el alcalde de Lugo", así como su mujer y sus dos hijas, "en relación a fondos, bienes o efectos que pudieran provenir de otro delito como es el cohecho, en el que supuestamente pudiera haber participado" el regidor local, añade.
En ese informe patrimonial, los agentes hacen constar que López Orozco y su mujer son propietarios de una vivienda y tres plazas de garaje en Sanxenxo, así como de otras tres plazas de garaje en Lugo capital, mientras que una de sus hijas es dueña de una casa en Valdoviño, adquirida mediante préstamo hipotecario. Asimismo, el Juzgado de instrucción Número 1 de Lugo autorizó el uso de los datos fiscales, de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria relativos al alcalde y a su familia en esa investigación, además de remitir oficio a la Xunta de Galicia para acceder los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
También dirigió un oficio a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, a la Asociación Española de la Banca y a UNACC para que facilitasen toda la información existente en sus archivos sobre las cuentas bancarias de los investigados y los movimientos que hubiesen realizado en las mismas. De hecho, se incorpora documentación en ese informe de una cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento de Lugo en la que el propio alcalde figura como apoderado.
