lunes. 04.07.2022
GAL-JUSTICIA OURENSE

Áurea Soto, concejala de urbanismo, pide que declare la junta de gobierno de 2006 en Ourense

La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, ha pedido que declare toda la junta de gobierno de 2006 por supuestas irregularidades en una adjudicación, al igual que sucede con la junta de 2008, que está actualmente imputada en relación con la adjudicación de unas obras de remodelación de la calle Bedoya.

La concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense, Áurea Soto, ha pedido que declare toda la junta de gobierno de 2006 por supuestas irregularidades en una adjudicación, al igual que sucede con la junta de 2008, que está actualmente imputada en relación con la adjudicación de unas obras de remodelación de la calle Bedoya.


La junta de 2006 -gobernaba entonces por el PP de Manuel Cabezas- había adjudicado al establecimiento que regenta el actual portavoz de D.O., Gonzalo Pérez Jácome, la compra de 295 altavoces, por un valor cercano a los 60.000 euros.


En este sentido, la titular de Urbanismo, quien compareció en rueda de prensa con los expedientes de contratación realizados por la Junta de aquel entonces, ha pedido "el mismo trato" por parte del juzgado a la hora de llevar ambas causas en la vía judicial al entender que las situaciones son similares.


"Si tenemos que ir a pasear toda la junta de gobierno local de 2008 por habernos saltado un peldaño en los cuatro que hay en procesos de contratación, pedimos el mismo criterio para la junta de gobierno de 2006 del Partido Popular", ha advertido Soto.


La titular de Urbanismo recordó que la compra realizada por el PP, que presidía Manuel Cabezas, a Jolper se hizo "directamente, sin procedimiento, sin factura aprobada y sin haberse hecho el servicio".


Según la ley de contratos del 2000, explicó que la cuantía "exigía procedimiento abierto" al superar los 30.000 euros, "con lo que se saltaron tres peldaños" en el proceso de contratación, advirtió, al hacerse a través de adjudicación directa.


Por el contrario, en lo que respecta a la calle Bedoya, por el que está imputada toda la junta de gobierno, entre ellos el ex alcalde Francisco Rodríguez, ella misma y el actual regidor, Agustín Fernández, ha subrayado que "lo que se está discutiendo" es "si debería haber sido un negociado con publicidad".


En este sentido, Soto, quien presentó alegaciones después de que la fiscalía solicitase el archivo de la causa, declaró que "no cabe" archivo de la misma "sin la práctica de la diligencia previa de los imputados" al existir "una irregularidad administrativa notoria".


En ellas, habla de "inexistencia absoluta de procedimiento de contratación", "elusión de los mecanismos de control de aprobación del gasto e incluso falsedad al aprobar una factura aún inexistente".


En todo caso, ha insistido en que estos procedimientos deberían ir por el contencioso y no por el penal como ha ocurrido en las últimas causas abiertas que afectan al ayuntamiento ourensano.  

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