Manuel Cabezas, alcalde de Ourense (PP) entre 1995 y 2007, ha defendido este lunes la gestión desarrollada en Urbanismo de la ciudad durante su mandato, al asegurar que todos los temas fueron aprobados con “todos los informes favorables” técnicos y jurídicos y ha subrayado que “nadie” le advirtió de que podría estar “haciendo algo mal”.
Así lo ha indicado durante el primer día de juicio que acoge la Audiencia Provincial de Ourense contra él y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Cabezas ha asegurado que el ayuntamiento recibía “cientos de expedientes” y que confiaba en los informes elaborados por los técnicos y el secretario municipal.
“Nunca hubo advertencias de que se estuviesen haciendo las cosas mal”, ha declarado Cabeza, quien, tras afirmar que “nos pudimos equivocar”, su función se limitaba a “votar las propuestas que elaboraban los técnicos”, ha argumentado.
El Ministerio Público solicita para ellos penas de hasta siete años de prisión, con inhabilitación absoluta para el ejercicio de empleo o cargo público durante 17 años por supuestamente eximir a constructores y promotores de pagar el 10 por ciento en una quincena de proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, durante los años previos a la aprobación de un plan de ordenación municipal.
Ello, según el Ministerio Público, privó al Ayuntamiento de ingresar a las arcas públicas 1,6 millones de euros.
El caso llegó al juzgado en 2014, a raíz de la denuncia interpuesta por la ex concejala de Urbanismo, Áurea Soto (PSOE), después de un largo proceso que se saldó con el procesamiento de ambos políticos.
Entonces, Soto acusó al PP de eximir a constructores y promotores del pago del patrimonio municipal del 10% del suelo en más de una docena de proyectos de compensación, de manera "sistemática" lo que provocó una pérdida para las arcas municipales de 1,6 millones de euros, que trató de "revertir" para que no volviese a ocurrir.
Según el escrito de acusación, el ministerio público les acusa de “convertir el patrimonio municipal en beneficios privados” por no reclamar, para fin público, el aprovechamiento de al menos el 10% de las cesiones urbanísticas de quince promociones” entre los años 1997 y 2003. Según un informe del Consello de Contas incorporado a la causa, el perjuicio a la ciudad fue de 1,65 millones.
Durante el juicio, el exregidor orensano, quien únicamente ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado, ha explicado que se limitaba a firmar y aprobar los “cientos de expedientes” que llegaban en la comisión de pleno tras pasar por la comisión informativa.
Según ha indicado, “todos” ellos contaban con los informes favorables, “se votaron, se informaron y se aprobaron”, rechazando así que hubiese dado instrucciones sobre cómo deberían redactarse.
Continuó diciendo que “nunca” le advirtieron de posibles irregularidades ni tampoco de la necesidad de cobrar los aprovechamientos. De hecho, ha recordado que el informe del Consello de Contas lo único que daba “era una serie de recomendaciones”.
Para ello, se ha remitido al acuerdo plenario de 15 de diciembre de 1994, con Veiga Pombo en la alcaldía, aprobado de forma mayoritaria, que eximía del cobro de los aprovechamientos del suelo.
En la misma línea, Campo Labrador ha defendido el procedimiento seguido “hasta que se aprobase el PGOM” al entender que “no podía obviar el acuerdo plenario”.
"Seguí los criterios del secretario general, era la persona más versada en temas del ayuntamiento. Ningún concejal ni el secretario me dijo que había que cambiar el criterio”, ha comentado.
"Jamás en mi vida he llevado a comisión un expediente que tuviese un informe desfavorable”, ha concluido.
Durante la vista, que acogerá la Audiencia Provincial toda esta semana, está previsto que declaren una veintena de testigos: entre ellos, varios exconcejales y funcionarios municipales.
