La Audiencia Nacional ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo durante un año y medio al exfiscal jefe de Ourense Florentino Delgado, por negarse a abandonar una vivienda que le fue cedida por la Xunta de Galicia y no abstenerse de un procedimiento en el que estaba en duda su imparcialidad.
La sección tercera de lo contencioso ha rechazado el recurso que interpuso Delgado contra la resolución del secretario de Estado de Justicia, que confirmó el decreto de la Fiscalía General del Estado en el que se le imponían dos sanciones por una falta muy grave de abuso de su condición de fiscal y otra de incumplimiento del deber de abstenerse de intervenir en un procedimiento "por enemistad manifiesta y por interés indirecto en el asunto".
El ministerio público abrió un expediente al exfiscal jefe en 2018 por negarse a abandonar la vivienda que le fue cedida "gratuitamente por la Xunta con base a su exclusiva condición profesional y categoría", pese a los continuos requerimientos de la Administración, que se prolongaron durante una década.
Y eso cuando, según la sentencia, era "más que patente desde finales de 2007" la voluntad de la Xunta -que tenía arrendada la casa- de extinguir el contrato que permitía a Delgado vivir allí.
Pese a ello, él se negó, forzando a la Administración a "continuar en la situación de arrendadora, abonando las rentas y gastos por suministros corrientes".
Por ello, la Audiencia Nacional afirma que el uso de la vivienda pasó a ser abusivo "desde el mismo momento" que la Administración le comunica "oficial y reiteradamente" que debe abandonarla.
Nada obligaba a la Xunta, dice el tribunal, a "seguir manteniendo al recurrente en esa liberalidad" y fue su conducta, "prevaliéndose de su condición de fiscal jefe" al seguir en la vivienda pese a los reiterados requerimientos "y empleando tonos admonitorios hacia las autoridades administrativas que le instaban" a su desalojo, "la que determinó que el arrendamiento" tuviese que prolongarse más allá de la voluntad del dueño de la propiedad "con las consecuencias económicas y de otro índole derivadas para la Administración".
Pero además de este "conflicto institucional innecesario e injustificado" creado por el fiscal, el caso se enreda aún más cuando en 2018 una vecina presentó una denuncia en la Fiscalía que él dirigía por un supuesto delito de coacciones contra la secretaria general técnica de Patrimonio por cortes de suministros y funcionamiento del ascensor de la finca en la que también se ubicaba el domicilio del fiscal.
Dicha secretaria general resultó ser la que le había requerido anteriormente que abandonase la vivienda y a quien el fiscal le había contestado "con referencias personales" y "la había conminado sobre la posible incriminación por su parte de delitos de malversación y coacciones".
Pese a ello, dice la Audiencia, el fiscal "asumió personalmente" las diligencias que se abrieron a raíz de esa denuncia de su vecina y que culminaron en una querella "que él mismo redactó, firmó y presentó" ante el juzgado por un delito de coacciones inmobiliarias.
Una vez judicializada y pese a que la querella debía haber recaído en otro fiscal, "sin que conste razón para ello", Delgado siguió haciéndose cargo de ella.
Para la Audiencia, "la duda sobre la imparcialidad" de Delgado está "objetiva y subjetivamente justificada" pues "se ha exteriorizado en su relación conflictiva con la Administración autonómica".
En consecuencia, el tribunal, que impone las costas al exfiscal jefe, cree que actuó "fuera de lo habitual en sus funciones y saltándose el reparto de asuntos establecido, pese al claro conflicto de intereses que le afectaba y dirigiéndolas personalmente en el interés de mantenerse en el uso de la vivienda".
