viernes. 29.03.2024

Una familia de Ourense, con un bebé de un año de edad y otra hija en la adolescencia, ha tenido que abandonar hoy finalmente la vivienda en la que residían en la capital orensana desde hace un año, esto en régimen de alquiler, y ha ocurrido por no poder hacer frente a los gastos derivados del piso y de manutención. La familia contactó con la plataforma Stop Desahucios al no poder asumir el pago de una deuda de 2.170 euros, puesto que solo contaban con una renta de integración social (Risga), y la situación fue de "o asumimos los gastos o pagamos la deuda". La dueña del inmueble, tras siete meses de impago, puso una demanda de desahucio cuando la familia le dejó de pagar, una situación que se originó cuando ambos se quedaron sin empleo.

 

Ante las protestas de decenas de ourensanos, que acompañados de pancartas coreaban esta mañana cánticos de "más vivienda social y menos desahucio judicial", la comisión judicial ordenó el desalojo de esta familia que, con la ayuda de integrantes de la plataforma Stop Desahucios, procedió a recoger las pocas pertenencias que tenía. En medio de este proceso, se vivió algún momento de tensión entre los manifestantes y los agentes, que desplegaron un amplio dispositivo policial, integrado por miembros de la Policía Local y de la Policía Nacional.

 

En declaraciones a los informadores, la afectada María del Pilar ha lamentado la ejecución de desahucio después de los problemas sufridos en el último año y que ha resuelto con la localización de otro piso tras varios días "buscando" por la ciudad, con el temor "de que alguien me reconociera" ya que afirma que si conocían su caso no se lo alquilaban. Por el momento, la familia ha encontrado un alquiler más bajo, a falta de resolver algunos problemas. "Todavía no tengo luz y gas, por las prisas", ha detallado María, visiblemente emocionaba, y ha dicho que si ha podido resolver su situación es por la ayuda "de la Plataforma Stop Desahucios de Ourense y no gracias a nadie más".

 

Por su parte, los miembros de la plataforma anti-desahucios han responsabilizado de esta situación, no a la propietaria del piso sino a la Xunta de Galicia, a quien acusan de no garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna de cualquier ciudadano del Estado. Actualmente, la familia se encuentra a la espera de una respuesta de la Administración gallega "desde hace ocho meses" sobre una ayuda solicitada. También ha reclamado otra ayuda al Ayuntamiento de Ourense, en este caso a nombre de su hijo, y que en este caso sí confía en que se la concedan en el plazo "de un mes". Desde la plataforma critican que mientras tanto haya "15.000 viviendas vacías", mientras "siguen echando a personas a la calle sin que la Xunta ofrezca una vivienda adecuada".

 

En este sentido, un integrante de la plataforma, Roberto Pereira, ha acusado a las administraciones de responder "exclusivamente" a los intereses de las entidades financieras. "Abanca tenía vivienda social y esas viviendas ahora están en manos privadas", ha lamentado Pereira, quien denuncia que "se siga inyectando dinero a las entidades financieras para seguir haciendo negocio" mientras numerosas familias se van "a la calle". En vez de "ofrecer vivienda social", las entidades "siguen especulando y alimentando productos tóxicos", ha asegurado este integrante, quien ha advertido de que no se trata del único caso en la provincia.

 

Recientemente, la plataforma mantuvo un encuentro con la directora provincial del INSS para intentar llegar a un acuerdo sobre otro caso de una familia que contrajo una deuda con la Seguridad Social, a quien le reclama "23.000 euros". "Conseguimos que negocie Bankia pero sigue adelante la Seguridad Social y no nos parece razonable", ha detallado. Por eso, reclaman que las identidades privadas en contrapartida por el dinero público recibido creen "un fondo de vivienda social con parte de esta vivienda que no se consigue vender". Por su parte, la concejala del BNG, Ximena González, ha manifestado que va a pedir explicaciones al alcalde de Ourense, Agustín Fernández, sobre la intervención de la Policía Local en el desahucio vivido en la avenida de As Caldas, en el barrio ourensano de A Ponte.

 

Desalojan por impago de alquiler a una familia de Ourense con un bebé