El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, ha avanzado esta mañana que "ejercitarán los recursos que el propio auto establece" contra la resolución que imputa a la titular de Urbanismo Áurea Elena Soto los delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos. A preguntas de los periodistas, al concluir la recepción a técnicos de la ciudad rumana de Vaslui, el regidor socialista ha asegurado que apelarán este fallo, que no comparten, al entender que hubo un cumplimiento estricto de la legalidad. Por ello, tras manifestar su "respeto absoluto" al auto judicial, ha avanzado que recurrirán el fallo, con independencia de los recursos que presente la propia concejala, por entender que "tanto la junta de Gobierno Local como la concejala de Urbanismo actuaron dentro de la legalidad vigente".
"La legalización edificaciones se basó en un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de enero de 2009", relativo a que se permitía regularizar la situación de los edificios de la plaza orensana de San Antonio, ha recordado. La junta de Gobierno Local, conformada entonces por PSOE y BNG, concedió licencia de obra, ocupación y aparcamiento en el subsuelo de dicha plaza, un tema por el que tuvo que declarar recientemente toda la junta de gobierno Local, Para ello, acordó, en sendas juntas de gobierno en 2007 y 2009, legalizar viviendas y garajes e indemnizar a una vecina con una cuantía cercana a los 400.000 euros, cuantía que el juez de Instrucción 2 de Ourense considera "absolutamente desproporcionada".
El regidor orensano defiende que la actuación estuvo "avalada por los informes de los técnicos y servicios jurídicos del ayuntamiento", por lo que "respetando de forma clara la sentencia, acatándola, quiero poner de manifiesto que el gobierno y la concejala actuaron dentro de la más estricta legalidad". Preguntado sobre si cree que la concejala de Urbanismo debería dimitir, el regidor ha manifestado que la postura del PSOE en temas judiciales "es clara", relativa a esperar a que se abra juicio oral, para lo cual ha recordado que todavía tiene que pronunciarse al respecto "la Audiencia Provincial y la fiscalía".
"Es en ese momento cuando el partido y Áurea Soto tomarán decisiones", pero "mientras tanto el gobierno sigue trabajando sin cuartel" en beneficio de los orensanos. No obstante, ha considerado "difícil de entender" esta imputación, "después de todo lo ocurrido en los últimos años", con la anulación del PGOM de 2003, elaborado por el PP, que no ha tenido consecuencias para los populares. "Que sea Áurea Soto, la persona que cambió el urbanismo de esta ciudad y no se plegó a los poderes fácticos, la primera imputada con ese auto me parece difícil de entender", ha apostillado.
En referencia a las peticiones de dimisión procedentes de otros grupos políticos, ha pedido que se respeten los tiempos procesales, tras recordar que el gobierno "está en su derecho" de presentar todos los recursos que considere oportunos. El regidor orensano ha insistido en que la actuación llevada a cabo por el gobierno cumplió la legalidad. Era un "asunto complicado y difícil que implicaba la demolición de todas las edificaciones" y que se resolvió "pagando daños a la denunciante en base a un informe del arquitecto". Este tipo de actuaciones, ha añadido, son las habituales en todas las Administraciones. Ha recalcado que antes de tomar cualquier decisión "hay un trabajo previo" lo que hace que "no se revisen" todos los asuntos, uno por uno, sino que se toman "valoraciones políticas", con la "máxima honestidad" a fin de resolver un asunto de estas características.
Por su parte, el concejal de Hacienda y candidato a la Alcaldía por el PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, quien ha añadido que "no está de fiscal ni de policía", ha mostrado su "reconocimiento" a la gestión de Áurea Soto al frente de Urbanismo, "una persona que lleva tiempo trabajando para el interés de la ciudad a costa de su salud", hecho que le "está pasando factura personal", ha sentenciado. El juez da un plazo de "diez días" al fiscal y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.
